Fiscalía allana casas de allegados de Keiko Fujimori por Odebrecht

Fiscales peruanos allanaron este martes las casas de dos dirigentes fujimoristas señalados por un exjefe de la empresa brasileña Odebrecht de haber recibido un aporte de un millón de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en 2011, informaron fuentes judiciales.

Las casas de Jaime Yoshiyama, uno de los fundadores del partido Fuerza Popular, y de Augusto Bedoya, fueron registradas por los fiscales con autorización de la justicia.

Ambos fueron señalados la semana pasada por el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, como las personas a quien entregó un millón de dólares en efectivo para la campaña de Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Los allanamientos los encabezó el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, quien investiga a Keiko, líder de Fuerza Popular (derecha populista), por aportes ilegales a sus campañas de 2011 y 2016.

Los fiscales buscan documentos que acrediten la recepción del dinero, según las fuentes.

Por su parte, el portal del diario El Comercio dijo que los fiscales buscaban en ambas casas "libros o registros vinculados al partido Fuerza Popular" que confirmen la recepción del aporte de Odebrecht.

Yoshiyama dijo el lunes a la prensa que había enviado un oficio a la fiscalía para pedir que lo citaran para brindar su testimonio.

Barata confesó además a fiscales peruanos en Sao Paulo que también había hecho aportes a las campañas de otros candidatos en 2011: Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski, el actual mandatario peruano.

Todos los políticos peruanos negaron haber recibido dinero de Odebrecht, empresa acusada de entregar dádivas a políticos y funcionarios en diferentes países latinoamericanos.

El exjefe de Odebrecth dijo que además del millón de dólares entregado a Yoshiyama y Bedoya, hizo otro aporte de 200.000 dólares para Keiko a través de la organización de cúpula de los empresarios peruanos, la Confiep.

El jueves pasado los fiscales allanaron la sede de la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), en busca de documentación sobre el supuesto aporte a Keiko.

El gremio empresarial rechazó las declaraciones de Barata, señalando que "la Confiep siendo un gremio empresarial, no apoya campañas ni partidos políticos".

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