Fiscalía colombiana tras rastro de "hornos" usados por paramilitares

BOGOTA (AP). La Fiscalía colombiana llegó en la Semana Santa hasta el sitio donde paramilitares cremaron entre 100 y 150 cadáveres de víctimas, para desaparecerlos.

Las versiones del uso de hornos artesanales para quemar cuerpos que estaban en fosas fueron reveladas a las autoridades judiciales desde el 2010 por desmovilizados de esas bandas, pero los investigadores ahora visitaron la zona para recabar mayores datos.

"Nosotros no vamos a encontrar restos (de las víctimas) porque ellos (los paramilitares) usaban un método con agua para hacer desaparecer las cenizas", dijo el fiscal Leonardo Cabana a la AP el domingo en diálogo telefónico.

Cabana, fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, encabezó la comisión judicial que viajó a fines de abril junto a tres desmovilizados en busca de los "hornos" de cremación.

El informe de la visita da cuenta de que la comisión judicial fue conducida hasta los hornos por sus "administradores": Jorge Iván Laverde, alias "El Iguano", Armando Rafael Mejía, alias "Hernán", y Luis Antonio Rey, alias "Beto"; quienes están detenidos en cárceles de las ciudades de Itagüí y Cúcuta, ubicadas, respectivamente, a 250 y 400 kilómetros de Bogotá.

"Los cuerpos se enterraban y a los seis meses se sacaban los restos y se incineraban", explicó en la Fiscalía alias "Beto", según el informe.

Beto aclaró que "no los echábamos vivos (a los hornos); primero los asesinábamos".

Y aunque era un avezado jefe paramilitar en esa zona limítrofe de Norte de Santander, en frontera con Venezuela, reconoció ante los investigadores que "yo no me ponía a mirar (las incineraciones) porque eso es duro", según el informe.

Las víctimas sacadas de las fosas y asesinados en distintas fechas eran desde ladrones hasta sospechosos de pertenecer a grupos guerrilleros.

Deshacerse de esos cadáveres fue una orden de los jefes narcoparamilitares porque, según narró Beto, querían "despistar a la justicia" y lucir menos violentos ante los ojos de una sociedad ya saturada por masacres.

Determinar el número de víctimas, sus nombres y devolver restos a los parientes es parte de la labor de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, la dependencia de la Fiscalía General que investiga los crímenes perpetrados por las bandas paramilitares a lo largo de más de una década hasta que parte de sus miembros se desmovilizaron en una negociación con el gobierno en el 2003.

Hasta abril, se han encontrado en todo el país 3.245 fosas con 3.983 cuerpos, de los cuales han sido identificados con muestras de ADN y entregados a sus familias 1.272, según datos de la fiscalía.

La confesión de sus delitos y entregar los bienes mal habidos son parte de las exigencias de la ley de desmovilización para que quienes depusieron las armas obtuvieran rebajas en sus penas de prisión.

Así es como llegaron a los puntos de cremación, dos de los cuales fueron encontrados en la localidad de Juan Frío, en el departamento de Norte de Santander y a unos 395 kilómetros al noreste de Bogotá, dijo Cabana.

Beto agregó que los dos hornos, hechos de ladrillo y cemento, se utilizaron entre 2001 y 2002 "para despistar a la justicia, para que nadie encontrara rastro de esas personas" asesinadas.

A los hornos "se les echaba carbón mineral y se prendía y se tiraban los restos", dijo.

Inicialmente las incineraciones se hicieron utilizando cauchos o llantas de autos, pero más tarde otro paramilitar dio la idea de utilizar carbón porque generaba mayor fuego.

Fiscales han dicho que los hornos, antes de ser usados para quemar cadáveres, existían en la zona y eran utilizados en la fabricación de "panela" o azúcar morena en bloques, un producto de consumo local. Poco antes de la desmovilización de las bandas paramilitares que actuaban en Norte de Santander, sus miembros intentaron borrar el rastro de su accionar y actualmente solo quedan ruinas de los dos hornos en medio de la maleza.

Los investigadores dijeron que los cadáveres se quemaban de dos o tres, según fueran llegando desde distintos sitios donde los propios paramilitares exhumaban fosas.

La idea de buscar métodos para desaparecer los cadáveres de sus víctimas tuvo nombre propio: Carlos Castaño Gil, el otrora máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que agrupó a los paramilitares, y quien en abril de 2004 fue asesinado por sus propios hombres.

"La construcción de hornos es una aplicación de una orden dada por el comandante Carlos Castaño, quien decía que hacer aparecer la víctima era mostrar una versión más (degradada) del conflicto colombiano", ha dicho ante fiscales Salvatore Mancuso.

Mancuso fue uno de jefes de las AUC y en mayo del 2008 fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Hacia finales de 2002, alias Beto dijo que recibió "una orden de que quedaba totalmente prohibido incinerar gente...Eso se descontinuó que porque eso era contra la Corte (Penal) Internacional".

Impartida la directriz de no incinerar más cadáveres, los paramilitares de Norte de Santander se inventaron otro plan para desaparecer a sus víctimas: tirar sus cuerpos sin vida a territorio venezolano.

De marzo a abril del 2003 los paramilitares en Norte de Santander "asesinaron casi 60 personas...(Los cadáveres) me los traían de todos lados" de la región, dijo alias Beto, según el informe.

Los cuerpos de las víctimas eran entonces lanzadas en zonas de territorio venezolano cercanas a la frontera, dijo Beto.

Voceros del Ministerio Público venezolano y del grupo no gubernamental venezolano Servicios Jesuitas de Refugiados, que fue fundado en el 2001 y trabaja principalmente en la frontera; dijeron desconocer del caso cuando la AP los contactó telefónicamente.

__

La corresponsal de The Associated Press Fabiola Sánchez contribuyó con esta información desde Caracas.

Vive la adrenalina de la 7ma temporada


Tu emisora... Parte de tu vida

TITULARES del día

Recibe todos los días en tu mail los titulares más importantes