Fiscalía registra computadoras de magistrados investigados en Costa Rica

La Fiscalía General de Costa Rica lleva a cabo hoy diligencias para registrar computadoras de dos magistrados y dos exmagistrados en busca de pruebas, en el marco de una investigación relacionada al caso de corrupción conocido como "el cementazo".

La fiscal general, Emilia Navas, dirige estas acciones que tienen como fin el secuestro de información del equipo de cómputo de los exmagistrados Carlos Chinchilla y Doris Arias; del magistrado suspendido Jesús Ramírez, y de la magistrada María Elena Gómez, todos de la Sala Tercera (Casación penal).

En una breve declaración enviada a los medios la fiscal general declaró que el objetivo es "extraer y respaldar información de cuatro computadoras" como parte del "proceso de investigación por la desestimación de una causa en favor de dos exdiputados relacionada al caso del cemento".

La diligencia se realiza de manera conjunta con la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y la fiscal participa por tratarse de asuntos que involucran a funcionarios de un poder de la República con inmunidad.

El exmagistrado Carlos Chinchilla se acogió a la jubilación en julio pasado -cuando además era presidente de la Corte Suprema-, cuatro días después de que junto a sus compañeros de la Sala Tercera: Doris Arias, Jesús Ramírez y María Elena Gómez, fueran amonestados por escrito.

La amonestación emitida por la Corte Suprema se debió a una falta grave al no tomar en cuenta un informe del Organismo de Investigación Judicial antes de acoger la solicitud de una fiscal para desestimar una causa contra dos exdiputados del periodo 2014-2018 relacionada al "cementazo".

Con Chinchilla ya jubilado y en medio de duras críticas por lo leve de la sanción, la Corte Suprema determinó que había cometido un error en la votación y efectuó una nueva, en la que decidió suspender por dos meses a los cuatro magistrados.

Las magistradas Arias y Gómez presentaron una solicitud de medidas cautelares ante un Tribunal Contencioso Administrativo, que resolvió a su favor de manera expedita y suspendió el castigo, un hecho que investiga la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias y prevaricato (firma de resoluciones ilegales).

El pasado 30 de julio la magistrada Arias también decidió acogerse a la jubilación y afirmó que durante su carrera actuó con transparencia, profesionalismo y apegada a la ley.

"El cementazo" es un complejo caso de aparente tráfico de influencias en el que el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños habría recibido millonarios créditos de la banca estatal y habría sido beneficiado con modificaciones a reglamentos de importación y resoluciones judiciales.

En el caso se han visto salpicados funcionarios del Gobierno pasado (2014-2018), exdiputados, funcionarios bancarios y del Poder Judicial

Por "el cementazo" ya fue destituido en marzo pasado el exmagistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa.

En octubre pasado el entonces fiscal general Jorge Chavarría, fue suspendido por tres meses para investigarle por irregularidades en este asunto y en diciembre se acogió a su jubilación.

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