Francia y México crean comisión para tema Cassez

MEXICO (AP). Los presidentes de Francia y México anunciaron la creación de una comisión que analizará las implicaciones de un convenio internacional que una ciudadana francesa sentenciada en el país por secuestro invocaría para pedir su traslado a territorio galo.

El tema de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por secuestro y delincuencia organizada, centró las preguntas a los mandatarios al concluir hoy lunes un encuentro privado en el que se buscó reimpulsar la relación bilateral en materia política y económica.

El presidente francés Nicolás Sarkozy dijo que había hablado con Cassez, quien le informó que pedirá su traslado a Francia bajo el amparo del Convenio de Estrasburgo. Agregó que habló del caso con su colega mexicano Felipe Calderón, no para impugnar las decisiones de la justicia mexicana sino porque se trata de una ciudadana francesa.

"No vine aquí para impugnar las decisiones de la justicia mexicana, no soy magistrado, no tengo ninguna calidad para impugnar nada", expresó. Agregó que en un máximo de tres semanas se tendrán las conclusiones de la comisión binacional, cuyas recomendaciones serán aceptadas por ambas naciones.

Calderón señaló que la integración de la comisión será decidida por las cancillerías y deberá realizar un trabajo jurídico sobre los alcances del Convenio de Estrasburgo y las reservas que ha establecido Francia en el sentido de que podría modificar o cancelar las sentencias hechas en otro país conforme a la justicia francesa.

Cassez, detenida a finales de 2005 y condenada después a 96 años de prisión, recibió unos días antes de la visita de Sarkozy la noticia de que un tribunal le redujo a 60 años la pena de cárcel.

Sus abogados y familiares, sin embargo, han señalado que buscan que cumpla su condena en Francia.

El abogado en México de la francesa, Agustín Acosta, dijo la semana pasada a la AP que Cassez enfrenta el dilema de impugnar la sentencia o buscar su transferencia a Francia para cumplir ahí la pena, debido a que no apelar sería aceptar su culpa, cuando ella insiste que es inocente.

El presidente mexicano dijo que el análisis del caso busca no sólo cumplir las obligaciones de su gobierno con tratados y convenios internacionales, sino garantizar la tranquilidad de las víctimas que, aseguró, "no merecen sufrir además la terrible injusticia de la impunidad".

Calderón advirtió que su gobierno está decidido a que en México nadie, "independientemente de su condición social, económica o nacionalidad, puede sustraerse del cumplimiento de la ley. La ley es igual para todos y quien la viole tiene que pagar las consecuencias".

Mientras, Sarkozy aseguró que su decisión de retomar el asunto de Cassez "no prejuicia ni de su inocencia ni de su culpabilidad; es una iniciativa que hago porque es ciudadana francesa y porque yo soy el jefe del estado francés".

Interrogado sobre si podría hacer algún compromiso de que en caso de ser trasladada a Francia no se modificaría la sentencia de Cassez, el mandatario galo dijo que la justicia francesa, como la mexicana, son independientes.

"Al igual que como jefe de Estado confío en la justicia mexicana, pido a cada uno que hay que confiar en la justicia francesa", dijo.

El Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo, de 1983, señala que los países signatarios podrán solicitar el envío de una persona sentenciada a su país de origen para cumplir ahí su pena, aunque se deben cumplir algunos supuestos como que la condena sea definitiva.

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