Fujimori espera fallo de tribunal que decidirá su destino

LIMA (AP). El ex presidente Alberto Fujimori, enjuiciado por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas durante su gobierno, cuenta las horas que faltan para que un tribunal de la Corte Suprema emita el martes un histórico veredicto, que se prevé tendrá repercusiones dentro y fuera de Perú.

El juicio a Fujimori de 16 meses es inédito, pues es la primera vez que un ex presidente constitucional es juzgado por violaciones a los derechos humanos en su propio país.

De ser condenado, Fujimori, quien gobernó autoritariamente Perú durante una década (1990-2000), podría pasar en prisión los últimos años de su vida.

La Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para el ex mandatario por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), cometidas por el grupo Colina, un escuadrón de aniquilamiento del ejército que acusó a las víctimas --incluso un niño de 8 años-- de ser terroristas.

También es acusado por el secuestro del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti durante el llamado autogolpe de 1992 que llevó al cierre del Congreso y las cortes de justicia.

"Yo espero, como presidente, un fallo justo y legal plenamente ajustado a la ley", dijo el lunes el presidente Alan García, a quien Fujimori aludió el viernes en su defensa ante la corte, cuando cuestionó ser enjuiciado por dos matanzas mientras que García nunca fue involucrado en casos de masacres de campesinos ocurridas durante su gestión (1985-90).

"Nosotros fuimos, nadie lo duda, un gobierno plenamente democrático, nosotros no interrumpimos la vida democrática del país", respondió García.

"Un hecho que aparentemente se parece, cambia cualitativamente de sentido cuando se interrumpe la democracia, y aparece una fórmula dictatorial en la que todo depende de una persona", dijo García refiriéndose al gobierno de Fujimori.

Según una encuesta de la Universidad Católica, realizada en Lima en marzo y divulgada el domingo, un 64% cree que Fujimori es culpable, mientras un 25% lo considera inocente, y un 10% no precisó su opinión.

"El juicio tiene un rol a nivel internacional importantísimo... establece un precedente... en el mundo, es decir, que el poder tiene que medirse, el poder no puede ser utilizado de esta manera, que no se puede violar los derechos humanos de los ciudadanos", dijo el lunes Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

Al menos una decena de observadores internacionales, entre ellos Burt, asistirán a la lectura del veredicto.

La inminencia del fallo ha movilizado a las partes involucradas: los simpatizantes fujimoristas, y los familiares de las víctimas de las matanzas, han convocado a sendas vigilias para pedir al tribunal, la absolución y la condena, respectivamente.

Los familiares de las víctimas, activistas de derechos humanos, y opositores de Fujimori esperan que sea condenado e invocan al tribunal a dar el mensaje de que ningún crimen quedará impune.

Los partidarios claman su inocencia y han advertido que si es condenado saldrán a las calles a protestar.

"Es en este importante momento histórico que como presidente del Poder Judicial invoco a la ciudadanía en general a respetar los alcances del fallo que se emita dentro de las pautas procesalmente establecidas", dijo en un mensaje al país el magistrado Javier Villa Stein.

La Fiscalía acusa a Fujimori de homicidio y secuestro en base a la teoría legal de la "autoría mediata", que señala la responsabilidad de quien comete un delito por medio de otro, y que ha sido aplicada anteriormente en Argentina, en Alemania, y en el caso del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic.

Según la Fiscalía, Fujimori dirigió un "aparato de poder" destinado a ejecutar por medio del destacamento Colina, una guerra sucia para combatir a la subversión lo que condujo a la comisión de múltiples crímenes.

"Nunca hubo una decisión de parar el funcionamiento de este destacamento de muerte, al contrario hubo medidas, dispositivos legales, que más bien les dieron mayores posibilidades de seguir funcionando", dijo el Fiscal Supremo, José Peláez, quien aseguró que existen múltiples indicios de la culpabilidad de Fujimori.

La defensa pidió que se le declare inocente en vista que ninguna prueba ni testimonio directo ha sido presentado en su contra.

"Nadie ha podido aportar ni una sola prueba que me condene y no lo han podido hacer simplemente porque no existe y porque como dije al principio soy inocente", dijo Fujimori en su defensa el miércoles en el penúltimo día del juicio.

Fujimori, un ingeniero y profesor universitario de matemáticas, de 70 años, se jacta de haber salvado a Perú al derrotar a los grupos subversivos y a la hiperinflación galopante de cuatro dígitos que existía cuando asumió la presidencia.

Un escándalo de corrupción que enlodó a su ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos lo obligó, en noviembre del 2000, a huir a Japón, tierra de sus ancestros, desde donde envió su renuncia.

Tras cinco años de vivir en Tokio, amparado en su nacionalidad japonesa para evitar una extradición, decidió retornar a Perú vía Chile, pero fue arrestado y extraditado en septiembre del 2007.

Los partidarios de Fujimori, encabezados por su hija la congresista Keiko Sofía Fujimori, están convencidos de que aún con una condena, saldrán favorecidos.

"Una sentencia injusta nos lleva directamente a las puertas de Palacio de Gobierno el 2011", dijo a la AP el congresista Carlos Raffo.

En un sondeo realizado por la Universidad de Lima en noviembre pasado, un 66% dijo que aprobaba el gobierno de Fujimori, mientras que seis años antes, cuando se encontraba en Japón, solo un 31,5% la aprobaba.

"Si encuentran a mi padre culpable, yo creo que va a haber muchos más sentimientos de solidaridad hacia él, hacia la familia y hacia el movimiento fujimorista", afirmó Keiko, de 33 años, quien encabeza las preferencias electorales para los comicios presidenciales del 2011.

Para el analista Nelson Manrique "este es un juicio que no es solamente jurídico sino es eminentemente político. Se trata de un presidente de la república, y se trata de delitos cometidos en el ejercicio de su función como presidente, e inevitablemente el problema se va a politizar".

Señaló que el presidente Alan García y el APRA, necesitan de los votos fujimoristas en el Congreso y "creo que los fujimoristas van a aprovechar eso", refiriéndose a un posible "intercambio de favores".

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