Generales comparecen ante juez por extraditar a Zelaya

TEGUCIGALPA ( AP). Los seis generales de la junta de comandantes de las fuerzas armadas están dispuestos a concurrir voluntariamente ante un juez por sacar del país en junio de 2009 al derrocado presidente Manuel Zelaya, pero ellos son inocentes, dijo el jueves el abogado de los militares.

Para conocer el caso, la Corte Suprema designó a su presidente Jorge Rivera.

Los militares han sido encausados por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad y expatriación ilegal, cuya pena es de 3 a 6 años en prisión.

" Contamos con suficientes evidencias para demostrar la inocencia de nuestros clientes", dijo a la AP el abogado defensor de los oficiales, Juan Carlos Sánchez. " Y nuestro pensamiento está orientado a desvanecer jurídicamente los hechos y ellos (los militares) enfrentan el proceso con el fin de desvirtuar los cargos".

Los imputados son el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, y los comandantes Luis Prince, de la fuerza aérea; Miguel Angel García, del ejército, y Juan Pablo Rodríguez, de la fuerza naval. También los comandantes Venancio Cervantes, subjefe del Estado Mayor, y Carlos Antonio Cuéllar, inspector de las fuerzas armadas.

En la víspera, Vásquez aseguró a periodistas que " confiamos en la justicia hondureña porque somos militares, no asesinos. Y, al hacerlo, damos un ejemplo a nuestros subalternos y al pueblo".

Pero Fredín Fúnez, abogado de los seguidores de Zelaya, dijo el miércoles en rueda de prensa que " este juicio no es más que un circo porque los comandantes debieron ser acusados por otros delitos como atentar contra la forma democrática de gobierno, traición a la patria, allanamiento de morada y secuestro".

Los militares arrestaron, sacaron a punta de pistola de su casa y enviaron al exilio, a Costa Rica, el 28 de junio de 2009 a Zelaya. El retornó subrepticiamente el 21 de septiembre a Tegucigalpa y se asiló en la embajada de Brasil, donde aún se encuentra.

En una declaración enviada recientemente a la AP desde su refugio, Zelaya calificó de truco el enjuiciamiento a los jefes castrenses.

" Es un acto para lograr la impunidad de ello y que los autores materiales e intelectuales del golpe de estado evadan el castigo de la justicia... y es un truco y una nueva estratagema del fiscal el acusar a los militares de delitos menores y no por los delitos graves que cometieron", afirmó.

Recordó que " es un hecho público notorio y de conocimiento internacional que el 28 de junio (cuando fue derrocado) los militares asaltaron mi casa a balazos, me secuestraron y me desterraron".

Pero el asesor legal del Ministerio Público Rigoberto Espinal rechazó las críticas de Zelaya. " La orden de captura contra la cúpula militar no es un acto inventado a última hora ni significa un manto para encubrir otras cosas".

Los militares, según el gobierno de facto, acataron la orden de captura contra Zelaya que en su momento emitió la Corte Suprema por intentar convocar a una constituyente y quedarse en el poder.

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