Gobierno de Uribe socava esfuerzos contra paramilitarismo

Bogotá(AP). El gobierno del presidente Alvaro Uribe obstaculiza y socava esfuerzos judiciales para lograr el desmantelamiento del paramilitarismo e investigar los asesinatos que se le imputan a esas bandas, aseguró, hoy jueves, un informe del grupo no gubernamental Human Rights Watch.

El informe "¿Rompiendo el Control?, Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia" de 140 páginas, divulgado en una conferencia de prensa en la jornada, aseguró además que si el gobierno "se mantiene en ese camino, es probable que el enorme esfuerzo que han hecho las cortes de Colombia y los fiscales para responsabilizar a los cómplices de los paramilitares finalmente fracasarán en romper el poder" de ese fenómeno.

El gobierno --al cual HRW solicitó una entrevista con Uribe pero le fue negada sin dar razones-- no se pronunció de inmediato sobre el informe, que reitera sus critica a la falta de condenas para responsables de masacres ocurridas entre 1989 al 2001, antes de la gestión de Uribe.

También resume denuncias reveladas en el pasado contra generales retirados del ejército ya investigados o detenidos algunos por su presunta complicidad en algunas de esas matanzas, dejando el informe de lado nuevos casos de oficiales activos, entre ellos uno de los coroneles más condecorados del país, investigados o detenidos por la Fiscalía por presentar a civiles y paramilitares como guerrilleros muertos en combates, en lo que se conoce aquí como "falsos positivos" de acciones militares, una de las denuncias más frecuentes y graves en los últimos tiempos.

"El gobierno de Uribe asegura que está comprometido en descubrir la verdad y desmovilizar a los paramilitares y ha entregado recursos (financieros) a las oficinas de la Corte (Suprema) y la Fiscalía. Pero repetidamente ha dado pasos que podrían socavar el progreso que estas instituciones (judiciales) han hecho", dijo el informe presentado en Bogotá por el director de HRW para América Latina, José Miguel Vivanco, de nacionalidad chilena.

Vivanco --cuyo último informe sobre Venezuela le costó la expulsión de ese país en septiembre pasado-- dijo que entre las acciones del gobierno de Uribe que considera obstaculizan el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y el procesamiento y condena de sus miembros, así como de sus cómplices en el sector militar, en el político y de los empresarios, están "acusaciones infundadas" y "descalificaciones" verbales contra las cortes, lo cual de acuerdo con HRW, deslegitima y siembra dudas sobre el trabajo de un poder judicial que tradicionalmente "ha sido muy débil".

Pero también, dijo el grupo, el gobierno ha presentado en el pasado ante el congreso iniciativas de leyes que debilitarían las facultades de la Corte Suprema para juzgar a congresistas y a la vez castigar políticamente con rigor a parlamentarios que han sido acusados penalmente --perdiendo sus curules-- por vínculos con jefes paramilitares, en lo que se conoce aquí como el escándalo de la "parapolítica".

"Si hay algo que caracteriza a la administración del presidente Uribe es su abierto desprecio por instituciones democráticas", dijo Vivanco en una entrevista con la AP antes de la divulgación del informe.

El reporte fue conocido horas después de que el gobierno --ante críticas de magistrados y grupos no gubernamentales, además de carecer de los votos necesarios para su aprobación-- retiró del congreso un controversial proyecto de reforma al sistema judicial, que incluía inicialmente que además de la Corte Suprema, se creara otro máximo tribunal, integrado igualmente por magistrados, que fuera una segunda instancia para los procesos contra congresistas, una propuesta vista por jueces y especialistas como un intento del gobierno de quitarle poder al máximo juzgador.

Vivanco indicó que conocieron del retiro del proyecto, paso que calificó como "acertado".

Además, dijo Vivanco, el gobierno no ha desmantelado realmente la estructura del paramilitarismo, bandas con las que negoció un acuerdo de desmovilización desde 2003. Al conocer que ex miembros de esas bandas se han reorganizado en nuevos grupos, a los que las autoridades atribuyen distintos asesinatos y otros delitos como tráfico de drogas, "daría la impresión que realmente este fenómeno simplemente ha sufrido una especie como de metamorfosis", dijo Vivanco.

El gobierno debe, indicó, confiscar los bienes de los ex paramilitares, capturar a sus mandos medios y castigar a sus cómplices. "Realmente si no se afrontan esos problemas que son de fondo, no vemos cómo se logra cambiar las condiciones" del país, dijo.

Vivanco explicó que el informe no trató otros temas del conflicto interno colombiano, como la acción de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares, porque se buscaba "llegar al fondo de un problema (el paramilitarismo) que creemos amenaza pero muy, muy seriamente" al estado colombiano.

"Si no está bien resuelto (ese problema) --y no vamos bien en ese camino-- al estado de derecho colombiano, una democracia ya muy, muy débil" se ve amenazada, aseguró.

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