Gobierno boliviano y oposición pactan diálogo

LA PAZ (AFP). El gobierno boliviano y la oposición comienzan a negociar desde el jueves las condiciones para un pacto por la paz y la reconciliación nacional, luego de tres semanas de enfrentamientos que dejaron un saldo de al menos 18 muertos y un país dividido al borde de la guerra civil.

Las discusiones tendrán como facilitadores y testigos del diálogo a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), a la Iglesia católica, la Unión Europea y a las Naciones Unidas, según fuentes oficiales.

El entendimiento prevé el inicio de negociaciones en la ciudad de Cochabamba y establece entre otras medidas la devolución al Estado de oficinas públicas tomadas por los opositores, el restablecimiento de la paz y una investigación imparcial de la masacre de 16 campesinos en Pando la semana pasada, anunció el gobierno.

Luego de prolongadas gestiones de cinco días caracterizadas por problemas, ambos bandos dieron finalmente su aprobación a un acuerdo base para poner fin a la crisis política.

El acuerdo fue firmado la madrugada del martes por el gobierno, pero la oposición recién lo hizo por la noche en presencia de representantes de la Iglesia católica, apenas horas después de que el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, dijera a la prensa de que el diálogo "no ha muerto, pero está en agonía".

El propio Cossío estampó su firma en representación de sus pares de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, abriendo la posibilidad de una distensión luego de tres semanas de violentas protestas que dejaron 18 muertos a bala, la mayoría campesinos leales a Morales.

"Que sea el inicio de un gran acuerdo nacional para que le demos paz y tranquilidad a nuestra gente", dijo el prefecto de Tarija.

Los prefectos habían objetado el documento en protesta por la detención y posterior confinamiento a Cochabamba del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien el gobierno responsabiliza de la matanza.

A causa de la detención de Fernández algunos habitantes de Cobija, capital de Pando, cruzaron la frontera con Brasil para refugiarse de eventuales represalias del gobierno, según dijeron a medios de prensa.

También se pactó que mientras el diálogo esté en curso el gobierno debe dejar en suspenso el referendo sobre una nueva Constitución -previsto para enero de 2009-, una demanda central de cinco de las nueve regiones que rechazan el texto al que tachan de ser excesivamente indigenista y estatista.

Mientras la reanudación del diálogo fraguaba, la presidenta chilena Michelle Bachelet designó al ex canciller Juan Gabriel Valdés como su representante en la comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) destinada a apoyar un acuerdo.

Además del grave conflicto interno, Bolivia recibió el martes la comunicación de que Washington la incluyó en una lista de países que no cumplen con sus obligaciones de lucha contra el narcotráfico, y también llamó a los estadounidenses que se encuentren allí a abandonar el país debido a la inseguridad reinante..

Al respecto el vicepresidente Alvaro García retrucó que "Bolivia ha cumplido de manera religiosa los convenios internacionales en cuanto a la reducción de cultivos de coca respetando los derechos humanos".

El gobierno de Morales expulsó el domingo al embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, ante lo cual Washington hizo lo mismo con el jefe de la misión diplomática boliviana.

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