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Gobierno brasileño reacciona a masacre en cárcel de Manaos y anuncia medidas

Criticado por su largo silencio tras la masacre que dejó 56 muertos en una prisión de Manaos, el presidente de Brasil, Michel Temer, trató de apaciguar la polémica este jueves anunciando una reforma del sistema penitenciario, carcomido por la superpoblación y el dominio de las bandas criminales.

Con el país todavía conmocionado por la brutalidad de los asesinatos en el penal, Temer calificó de "accidente pavoroso" la segunda mayor matanza registrada en una prisión del gigante sudamericano.

"No es suficiente con realizar un diagnóstico de lo que ocurrió, es preciso actuar", afirmó al inicio de una reunión en Brasilia con varios de sus ministros.

Durante las tres horas de encuentro se discutieron las grandes líneas del nuevo plan de seguridad nacional, en el que el gobierno invertirá 1.800 millones de reales (unos 560 millones de dólares).

Para atacar el problema de la superpoblación carcelaria, el presidente anunció la construcción de al menos una prisión en cada uno de los 26 estados brasileños, además del Distrito Federal, con una inversión de 800 millones de reales (unos 250 millones de dólares).

Los nuevos centros dispondrán de dos edificios para separar a los presos encarcelados por delitos menores de los criminales más peligrosos, avanzó Temer.

La masacre que se desató el domingo en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim de Manaos (norte) no solo mostró de nuevo al mundo los enormes problemas del sistema carcelario brasileño -que aglutina a la cuarta población penal del mundo-, sino el dominio absoluto tras las rejas de las grandes bandas del narcotráfico.

Los brutales asesinatos y su exaltación de la violencia -con la mayoría de muertos decapitados y mutilados- fueron una venganza del grupo local Familia del Norte (FDN) contra el poderoso Primer Comando de la Capital (PCC), en su guerra por el control del narcotráfico en la región estratégica de Amazonas.

Un golpe que, según los investigadores, no quedará sin respuesta.

Con el objetivo de contener a los líderes de las bandas, el gobierno planea construir además cinco prisiones federales de máxima seguridad, mientras en Manaos la policía trata de averiguar si los ideólogos de la rebelión lograron escapar.

En el motín, 184 presos huyeron del centro y de una unidad de detención preventiva dentro del mismo recinto. Hasta el momento, 65 de ellos fueron recapturados.

Entre las nuevas medidas, se instalarán sistemas para bloquear el uso de celulares en el "30% de las prisiones de todos los estados" para evitar que las bandas sigan dirigiendo sus operaciones desde los presidios, informó Temer.

En plena crisis, no tardó en hacerse viral el selfi de un joven que se presentaba a sí mismo como un recluso en plena fuga al tiempo que imágenes estremecedoras sobre las ejecuciones corrían por las redes sociales.

Un problema de fondo que, para el ministro de Justicia Alexandre de Moraes, no se soluciona únicamente construyendo nuevas prisiones.

Las líneas del nuevo plan de seguridad prevén "modernizar y racionalizar" todo el sistema que, según él, "encarcela mucho y mal".

Moraes criticó que una gran cantidad de detenidos a la espera de juicio compartan prisión con quienes ya han sido condenados.

El número de presos provisionales alcanza el 42% de la población penal en Brasil, frente al 20% de la media mundial y el 8% en los países desarrollados, afirmó. En la cárcel de Manaos donde ocurrió la masacre, la cifra llega al 56%.

El ministro de Defensa, Raul Jungmann, anunció de su lado que se duplicarán los fondos destinados al control de las fronteras en 2017, al tiempo que la policía brasileña intensificará la colaboración con los países vecinos.

Aunque para la investigadora en asuntos de violencia, Camila Dias, la crisis endémica del sistema penitenciario brasileño precisa medidas mucho más profundas.

El Estado debe aplicar "políticas de medio y largo plazo que reduzcan la vulnerabilidad de determinados segmentos de la población, que prioricen la prevención antes que la represión y que tengan como objetivo la reducción del encarcelamiento", aseguró a la AFP esta doctora en Sociología, profesora de la Universidad Federal del ABC.

"Cualquier otra propuesta de efecto inmediato como las que han sido anunciadas (...) no resolverán el problema, sólo satisfarán a la opinión pública hasta que ocurra una nueva tragedia", zanjó.

Con 622.000 personas privadas de libertad -en su mayoría jóvenes negros-, Brasil cuenta con la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia, según datos oficiales.

A nivel nacional, la tasa de ocupación de las prisiones es del 167% y un informe del ministerio de Justicia estima que habría que aumentar las plazas en un 50% para solucionar el problema.

Más de un preso por día murió de forma violenta en las cárceles brasileñas durante 2016, según datos recogidos por la prensa local.