Hallan en Colombia fosas comunes con rebeldes y víctimas

BOGOTA ( AFP). Las autoridades colombianas hallaron el viernes sendas fosas comunes, en dos puntos del país, con más de una treintena de muertos, entre rebeldes y víctimas de los desmovilizados escuadrones paramilitares de ultraderecha, señalaron fuentes castrenses.

Según el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, el primer caso corresponde al municipio de La Uribe, en el central departamento del Meta, donde se descubrió una fosa con los restos de 16 rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).

Según el oficial, gracias a la información suministrada por un desmovilizado de ese grupo rebelde, la tropa ubicó una fosa con 16 rebeldes, enterrados por sus compañeros, luego de ser abatidos en un reciente bombardeo. Entre ellos estaría el sobrino de uno de los máximos dirigentes rebeldes.

" Tenemos información de que estos 16 guerrilleros fueron dados de baja durante un operativo militar de (la fuerza de tarea conjunta) Omega, además conocemos que el (jefe militar de las FARC, Jorge Briceño alias) 'Mono' Jojoy desconoce que su sobrino fue abatido por acción de las autoridades", dijo.

De otra parte, en una finca del noroeste del país, que fuera propiedad de Carlos Castaño, el fallecido jefe máximo de los grupos paramilitares de extrema derecha, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se halló otra fosa común con los restos de 17 personas, víctimas de estos grupos.

Según los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía colombiana, los cuerpos estaban enterrados en una finca localizada en el municipio de San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia, y presentaban signos de tortura.

Por el estado de los cuerpos, los investigadores estiman que las víctimas fueron torturadas y ultimadas por los escuadrones paramilitares aproximadamente hace una década.

Luego del asesinato de Castaño, al parecer por miembros de su propio grupo, los jefes de las AUC que le sucedieron, prometieron al gobierno de Alvaro Uribe -con el que pactaron la desmovilización de 31,000 combatientes a cambio de beneficios legales- que confesarían unos 20,000 crímenes.

Sin embargo, cuando la cifra de crímenes confesados estaba a punto de llegar a 5,000, Uribe decidió extraditar a 14 de ellos a Estados Unidos, donde son requeridos por delitos relacionados con narcotráfico, alegando que continuaban delinquiendo.

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