Honduras con dos diálogos para una crisis que se alarga en salud y educación

La crisis social, política y económica que atraviesa Honduras desde mayo, asociada a la educación y la salud, sigue sin visos de solución aunque con un diálogo iniciado esta semana por el presidente Juan Orlando Hernández, y otro, que iniciará el martes, promovido por médicos y maestros.

Las protestas de médicos y maestros comenzaron luego de que el Parlamento hondureño aprobara en abril dos decretos asociados a la Ley de Reestructuración y Transformación de los Sectores de Salud y Educación que, según ellos, se orientaban a privatizar los servicios de educación y salud, y a despidos masivos de personal.

El Parlamento y el Gobierno reiteraron que era falsa la idea de privatizar la educación y la salud, y los despidos masivos, pero los docentes y galenos continuaron firmes en su exigencia de que los polémicos decretos fueran derogados.

El 2 de junio, Hernández anunció la derogación de los dos decretos y la instalación de dos mesas de trabajo para el mejoramiento de la educación y la salud pública, pero los maestros y médicos, aglutinados en una Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, no creen en el acercamiento propuesto por el Gobierno y dicen que se trata de "otro engaño" oficial.

Desde entonces, el Gobierno ha venido celebrando reuniones con un sector de los maestros y médicos que no integran la Plataforma, lo que ha sido calificado como "un monólogo" por parte de sus compañeros que protestan en las calles de las principales ciudades del país exigiendo un "verdadero diálogo", basado en nueve puntos.

Hernández no aceptó la propuesta de conversaciones de la Plataforma y el jueves instaló un "Diálogo nacional por la Salud y Educación" en un intento por desactivar la crisis, que ha incluido manifestaciones que han terminado en violencia y daños millonarios a la propiedad pública y privada.

La mesa se estableció entre el Gobierno y representantes de cuatro organizaciones de maestros y un grupo de médicos sin la participación de directivos de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, que condicionaron su asistencia a que un experto internacional sea el facilitador, entre otros puntos.

A la ceremonia de instalación también asistieron representantes del grupo de países cooperantes con Honduras, conocido como G-16, Naciones Unidas, el principal gremio empresarial, sociedad civil y ministros del Gabinete hondureño.

Según Hernández, el diálogo está inspirado en los "intereses del pueblo hondureño" y tiene como objetivo alcanzar "puntos de encuentro" para mejorar los sistemas de salud y educación.

Pero los maestros y médicos que protestan no solo no atendieron la invitación del Gobierno, sino que mantienen sus "manifestaciones pacíficas", y el martes instalarán con la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación un "Diálogo ciudadano alternativo".

La derogación de los polémicos decretos en una sesión del Consejo de Ministros supone un golpe político para Juan Orlando Hernández, quien además sigue siendo señalado como "dictador" y "usurpador" por la principal fuerza de oposición en el Parlamento, el Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009.

Zelaya incluso promueve la movilización de "comandos insurreccionales" de su partido para "sacar del poder" a Hernández, quien en los últimos días ha reiterado que sectores de Libre "a través del caos y la destrucción, quieren llegar al poder".

"No vamos a regresar atrás; por ahí andan unos que han importado desde Venezuela los famosos comandos insurreccionales, por ahí vienen esos mismos año con año atacando la economía para ahogar al pueblo hondureño, ahí andan unos con un manual de Venezuela queriendo atacar a la empresa privada, haciendo actos vandálicos para ver si ponen de rodillas al país. Pero aquí en Honduras no pasarán", expresó Hernández el pasado día 8.

En lo único que coinciden el Gobierno, y los maestros y médicos que protestan, es que Honduras tiene deficientes sistemas de salud y educación, lo que diversos sectores atribuyen a la clase política que ha gobernando al país desde su independencia de la Corona española, en 1821.

El problema de las protestas es que el país lleva un mes y medio sumido en una nueva crisis social, política y económica que, además, afecta a miles de estudiantes de todos los niveles del sector público, incluso al universitario, que no han recibido clases.

También son miles los pacientes que no han recibido atención en los hospitales públicos del país, en el que muchas cirugías, por ejemplo, han sido reprogramadas, sin certeza de que se cumplan por los paros de los médicos y otro personal de la salud.

Los llamamientos a resolver la crisis de diversos sectores, incluso de la Conferencia Episcopal, que ha dicho "¡Basta ya!", no han sido escuchados por las partes en conflicto, que siguen cada uno por su rumbo, mientras continúa el sufrimiento de la mayoría de los 9 millones de hondureños, de los que más del 60 % son pobres.

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