Inicia juicio en Perú contra militares acusados de violar campesinas en 1984

Un grupo de militares peruanos enfrenta desde hoy el primer juicio oral que se da en el país bajo la acusación de crímenes de lesa humanidad, en la modalidad de delitos sexuales, por presuntamente haber violado a catorce campesinas en 1984 durante el conflicto armado interno entre el Estado peruano y el terrorismo.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional de Perú celebró la primera audiencia del juicio por los casos Manta y Vilca, los nombres de las dos provincias de la región de Huancavelica, en el centro de Perú, donde presuntamente acontecieron las violaciones.

En la sesión de instalación del juicio solo se presentaron siete acusados: Sabino Valentín, Arturo Cimarra, Raúl Pinto, Dionisio Álvaro, Rufino Rivera, Epifanio Quiñones y Amador Gutiérrez.

Los siete restantes que no acudieron son: Vicente Yance, Julio Meza, Gabriel Carrasco, Diómedes Gutiérrez, Lorenzo Inga, Pedro Pérez y Martín Sierra.

La Fiscalía solicitará penas individuales que oscilan entre los ocho y los dieciocho años de prisión, además de reparaciones civiles que van desde los 100.000 soles (unos 30.000 dólares) al millón de soles (305.000 dólares), según informaron fuentes de la defensa.

Los abogados de las víctimas solicitaron en la vista oral "flexibilidad ante las agraviadas" ya que "hay muchas que han señalado que quieren ser escuchadas como terapia tras los abusos".

La defensa de los militares, por su parte, consideró "pertinente" que se aplique esa norma procesal "por privacidad" y porque "incurrirán testigos y ellos deben ser protegidos".

Antes de iniciarse el juicio, activistas de organizaciones defensoras de los derechos humanos se concentraron ante la sede de la Sala Penal Nacional para solicitar que el proceso sea ágil y transparente.

Entre las organizaciones participantes estuvieron el feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), quienes asumieron la defensa legal de las víctimas.

Durante la movilización expusieron placas que recordaron casos de violaciones por parte de grupos militares en Perú entre los años 80 y 90, mientras que cuatro mujeres vestidas de luto formaron la palabra justicia con piedras.

La representante de Demus, María Ysabel Cedano, declaró a Efe que la violencia sexual "constituyó un crimen de lesa humanidad entre los años 80 y 90, y fue sistemática y generalizada", por lo que reclamó que la sala condene a los militares.

Cedano explicó que en Perú existen más de 5.000 casos registrados de mujeres víctimas de violación sexual durante el conflicto interno y 147 hijos producto de esos delitos.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y parte del equipo defensor de las víctimas, Carlos Rivera, aseguró a Efe que "hoy es un día histórico" por el inicio de este juicio.

La secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, Ana María Vidal, declaró que las organizaciones sociales que han asumido el acompañamiento jurídico de las víctimas se han planteado denunciar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) "si no se hiciera justicia".

La segunda audiencia se celebrará el próximo 15 de julio y en ese momento la sala decidirá si podrá ser pública, algo que Cedano consideró importante "para que haya veedores y que el caso no pase desapercibido e invisible".

Las investigaciones del caso empezaron en 2004 y el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) concluyó que "los soldados acostumbraban a incursionar en la comunidad y violar sexualmente de las mujeres en sus casas o en la base militar"

El informe destacó el caso de Amalia Tolentino, quien junto a una niña de 13 años "fueron violadas por 10 y 15 soldados, respectivamente".

El conflicto interno entre el Estado peruano y los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) dejó unos 69.000 muertos, de los que cerca de 16.000 permanecen desaparecidos, según el mismo informe de la CVR.

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