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Investigan si agentes públicos impiden resolver asesinato de concejala de Río

La Policía Federal de Brasil abrió una investigación para saber si un grupo criminal, compuesto por agentes públicos y milicianos, está impidiendo que se resuelva el asesinato de la activista de derechos humanos y concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, informó hoy el Gobierno.

La nueva investigación correrá en paralelo a la ya iniciada por la Policía y la Fiscalía de Río para dilucidar el asesinato de Franco, tiroteada en marzo pasado junto con el conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes, en el centro de la capital fluminense.

"Habrá dos investigaciones en paralelo. La de la muerte de Marielle continúa, pero habrá otro eje, que investigará a quien está dentro del poder público y fuera de él. Es una investigación de la investigación", señaló el ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raul Jungmann, en rueda de prensa.

En este sentido, la Policía Federal investigará a algunos agentes públicos, miembros de milicias -organizaciones criminales integradas por expolicías corruptos- y bandidos que estarían actuando de manera conjunta para obstaculizar la resolución del homicidio de Franco.

La apertura de esta nueva investigación fue solicitada por la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, con base en las declaraciones de dos personas que estarían relacionadas con el crimen.

"Las denuncias son extremadamente graves, eso precisa ser investigado", indicó Jungmann, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido de esos testimonios.

En agosto pasado, el ministro ofreció públicamente la ayuda de la Policía Federal a las autoridades de Río, pero estas la rechazaron.

También remarcó que este expediente no interferirá en la investigación ya abierta, pero no descartó la posibilidad que "arroje luz sobre quién mató a la concejala, militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y quien denunciaba con frecuencia los abusos policiales.

Franco, de 38 años era socióloga de profesión y procedía del complejo de favelas de Maré. Fue la quinta legisladora más votada en las elecciones de 2016 para el Concejo de Río de Janeiro.

Su asesinato conmocionó a todo el país y fue condenado por diversos organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, que ha denunciado la falta de respuestas y de sospechosos a poco de cumplirse ocho meses del suceso.

Jungmann afirmó en agosto pasado que el asesinato pudo haber tenido una motivación política, después de que medios locales publicasen que la Policía de Río investiga la posible relación con el asesinato de algunos diputados regionales.

FUENTE: EFE