Justicia española admite denuncia por genocidio en Tíbet

MADRID (AFP). La justicia española se declaró el martes competente para instruir una denuncia por genocidio interpuesta en Madrid contra siete responsables políticos y militares chinos por la represión de las manifestaciones de marzo en Tíbet.

La querella fue presentada el 9 de julio por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) y otras dos asociaciones protibetanas, indicaron fuentes judiciales.

La justicia española proclamó en 2005 su competencia universal en causas de genocidio y crímenes contra la humanidad, alegando que "el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales".

Entre los denunciados figura el ministro chino de Defensa, Liang Guanglie, según una copia de la decisión de la Audiencia Nacional, obtenida por la AFP.

Los denunciantes estiman que los actos de represión de las protestas en Tíbet por parte de las autoridades chinas, que comenzaron el pasado 10 de marzo, constituyen "delitos contra la humanidad por matanza sistemática y generalizada de tibetanos, lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas".

La represión consistió en "un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana, causando, al menos, 203 muertes, más de mil lesionados graves y 5,972 detenidos ilegales y desaparecidos", según el texto de la denuncia.

Las autoridades chinas aseguran que sólo un tibetano murió a manos de las fuerzas de seguridad y que los manifestantes mataron a 21 personas durante las protestas de mediados de marzo en Tíbet y las regiones lindantes.

El gobierno chino acusa al Dalai Lama, jefe espiritual y político de los tibetanos, de haber organizado estas protestas para sabotear los Juegos Olímpicos de Pekín.

La Audiencia Nacional, a cargo de las causas abiertas por crímenes contra la humanidad y genocidio, aceptó "la competencia de la jurisdicción española (...) para investigar los hechos denunciados y admitir a trámite la querella".

La denuncia, admitida cuando faltan tres días para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Pekín, fue presentada como complemento de otra contra dirigentes chinos interpuesta en España en 2006 por el CAT.

La querella de 2006, por "genocidio, crímenes contra la humanidad, tortura y terrorismo contra el pueblo tibetano", va dirigida contra el ex presidente chino Jiang Zemin, el ex primer ministro Li Peng y cinco presuntos responsables de la represión en Tíbet en los años 1980-90.

Esta primera denuncia la instruye actualmente un juez de la Audiencia Nacional.

En el auto difundido este martes, la Audiencia también citó a comparecer a los querellantes como testigos el 4 y 10 de septiembre para que expliquen sus denuncias sobre la represión del mes de marzo en Tíbet.

Mientras esta querella contra dirigentes chinos era admitida, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, pidió a los deportistas que no hablen de política en los Juegos Olímpicos de Pekín porque podrían ser expulsados.

La posición del COE fue calificada de "inaceptable" por la sección española de Amnistía Internacional, que pidió a Blanco que la rectifique.

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