Larga espera y más vistas judiciales por delante

(AP). Olga Guzmán sabía que no sería capaz de soportar las aguas frías del río Bravo, especialmente con esa prominente barriga y un niño a punto de nacer.

Por eso, cuando el "coyote" al que le había pagado 2.500 dólares para que la hiciese cruzar ilegalmente de México a Texas le dijo que se escondiese en el agua, ella no pudo. Fue detenida rápidamente por agentes de la Patrulla Fronteriza y solicitó asilo de inmediato.

Eso ocurrió en septiembre de 2005. Han pasado más de cinco años y medio y ella sigue sin poder exponer su caso ante un tribunal de inmigración.

Guzmán dice que su concubino en Guatemala le pegaba y la amenazó con un machete. La dejó tan asustada y desesperada que se marchó sin decirle siquiera a sus cuatro hijos.

"Fue muy, muy triste dejarlos, pero no tenía otra opción", declaró Guzmán. "Cada vez que me miraba, me decía que me iba a matar. No pude despedirme".

Trabajó en lo que pudo durante dos meses mientras cruzaba territorio mexicano hacia el norte, ahorrando lo suficiente para pagarle a un coyote para que la ayudase a cruzar el río y llegar a Brownsville, en Texas. Su hija nació en Estados Unidos 17 días después.

La solicitud de asilo de Guzmán tropezó con numerosos obstáculos burocráticos: el gobierno pidió más tiempo, un juez se jubiló, escasez de personal y, según su abogado, la reticencia de los jueces de inmigración a aceptar casos de mujeres maltratadas.

"A algunos jueces les cuesta ver las denuncias de abuso doméstico con el mismo lente que las de otros casos de asilo, afirmó Ashley Huebner, abogada de Guzmán del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante. "Tienden a verlos como asuntos privados aislados entre dos personas que tienen una relación íntima", agregó.

Los detractores dicen que las denuncias de abusos son difíciles de documentar y que un cambio de política podría abrir las compuertas al ingreso de millones de mujeres.

Las organizaciones que defienden a las mujeres víctimas de abusos dicen que la política actual hace que les resulte muy difícil irse de su país, acudir a un tribunal de Estados Unidos y salir ganando.

En un caso famoso, una guatemalteca que había acusado a su esposo de maltratarla y de amenazarla con una pistola libró una batalla legal de 14 años hasta que se le concedió asilo en 2009.

Guzmán tiene hoy 35 años y vive en Indiana con sus dos hijas menores, de cinco y cuatro años, lejos de su concubino.

Trabaja en un restaurante de comida rápida (su abogado le consiguió un permiso de trabajo) y conversa seguido con sus cuatro hijos, de entre ocho y 14 años, quienes permanecen en Guatemala.

"Mis hijos me dicen, 'no nos dejes aquí. Queremos estar contigo. ¿Por qué no regresas?'. Yo les pido que tengan paciencia, que el proceso es largo", relató.

Su próxima audiencia judicial será en febrero de 2012, ante un nuevo juez. Ya ha habido tres cambios de jueces.

"Cada día que pasa es una eternidad", se lamenta.

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