Lavitola renuncia a declarar en audiencia del caso Finmeccanica

El empresario Valter Lavitola renunció hoy a declarar ante el Tribunal de Roma en el proceso Finmeccanica sobre los presuntos sobornos de esa compañía a funcionarios próximos al Gobierno del expresidente panameño Ricardo Martinelli.

La audiencia comenzó con tres horas de retraso debido a que Lavitola no había confirmado su presencia en sede judicial y, finalmente, las autoridades judiciales recibieron el acta de renuncia del imputado, encarcelado en la penitenciaría de Secondigliano (Nápoles, sur de Italia) y que no justificó su decisión, como dijo la jueza Adele Rando durante la vista.

Sí que estuvo presente el otro imputado en este caso, el ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere.

Dada la ausencia de uno de los imputados, la magistrada pospuso el interrogatorio de ambos al próximo 29 de octubre.

Lavitola y Pozzessere están imputados por los delitos de corrupción agravada, desvío ilegal de fondos al exterior y soborno.

En la audiencia estuvo representado por primera vez el Estado de Panamá, que durante el proceso se ha constituido como parte ofendida.

En la sesión de hoy, el fiscal Paolo Ielo llamó a declarar a Fabio Sansivieri, que trabajó a las órdenes de Lavitola en la compañía italiana International Press, editora del diario "L'Avanti", que el propio empresario dirigió.

Salsivieri confirmó que en una ocasión Lavitola, mediante una llamada telefónica, dio órdenes a la empresa Agafia Corp., que operaba en Panamá, para que enviara un documento a Finmeccanica, cuya naturaleza no detalló.

El fiscal pretende probar que el imputado daba órdenes desde Italia para que dicha compañía, considerada una pantalla, llevara a cabo gestiones ilícitas con Finmeccanica.

La jueza fijó otra audiencia para el próximo 24 de noviembre, cuando deberán declarar cinco testigos solicitados por la defensa de Pozzessere.

En este proceso se investiga un presunto soborno por parte de la empresa italiana, especializada en el sector de la defensa, a funcionarios de alto rango del Gobierno de Martinelli (2009-2014) para hacerse con varias licitaciones de obras públicas.

Según la acusación, un acuerdo de junio de 2010 preveía el pago de 18 millones de euros a altos cargos del Ejecutivo a cambio de la adjudicación de contratas a las filiales de la compañía italiana por valor de 180 millones de euros.

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