Ley que indemniza a víctimas en Colombia cerca de fracasar

BOGOTA ( AFP). Un proyecto de ley para reparar a las víctimas de la violencia política en Colombia quedó al borde del fracaso en el Congreso, luego de que el presidente Alvaro Uribe pidiera hoy jueves hundirlo molesto con una norma que obligaría a resarcir a los afectados por agentes estatales.

" Se decidió hundir esta ley de víctimas", aseguró el senador Armando Benedetti tras una reunión de congresistas del oficialismo con el mandatario.

Alegando vicios de trámite, Benedetti señaló que la bancada oficialista no votará una conciliación firmada el miércoles por comisiones del Senado y la Cámara de Representantes, lo que implicaría el naufragio de la iniciativa que debía ser ratificada por el pleno de ambas corporaciones.

Antes del encuentro, Uribe rechazó que las víctimas del Estado tuvieran que ser indemnizadas sin sentencia previa contra los culpables, como quedó en la conciliación, que solicitó no aprobar.

Según el presidente, la iniciativa obligaría a la Nación a desembolsar 80 billones de pesos (38,500 millones de dólares) en los próximos años, mientras que el requisito de la condena en las agresiones oficiales bajaría esa cifra a 22,000 millones de pesos (10,600 millones de dólares).

Se " crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta", señaló un comunicado de la presidencia.

Además, el texto constituye una " grave amenaza" a la política de seguridad democrática, programa bandera de Uribe que promete la derrota de la guerrilla, porque " iguala a los terroristas con agentes del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada", añadió.

Uribe niega que en Colombia haya un conflicto armado, argumentando que las guerrillas de izquierda no tienen objetivos políticos.

El Ejecutivo logró el miércoles que la mayoría oficialista en la Cámara de Representantes aprobara el proyecto con el requisito de sentencia previa para las víctimas de agentes oficiales, generando el rechazo de la oposición y organizaciones de derechos humanos que lo consideraron discriminatorio.

La conciliación acogió el texto original que avaló previamente el Senado, el cual excluye la condena en todos los casos.

Esa iniciativa señala que los afectados tendrán dos años para acreditarse y beneficiará de cuatro a cinco millones de familiares de personas asesinadas, desaparecidas, secuestradas o torturadas en los últimos 50 años.

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