Líder Puigdemont pide hablar ante el Parlamento catalán

El presidente catalán Carles Puigdemont pidió el viernes hablar ante el Parlamento regional la semana entrante, mientras su gobierno enfrenta cada vez más desafíos para cumplir su promesa de independizar a la prospera región del noreste de España.

Un polémico referendo secesionista realizado el domingo ha arrojado a España a su peor crisis política en décadas. El gobierno central considera la votación ilegal, inconstitucional e inválida.

La coalición de Puigdemont, que apoya la independencia, sufrió un revés el jueves, cuando el Tribunal Constitucional suspendió una sesión programada para el lunes en el Parlamento catalán donde los legisladores planeaban evaluar los resultados del referendo. Algunos congresistas dijeron que en ese momento Puigdemont podría declarar la independencia.

El presidente regional dice que la votación es válida a pesar de que el Tribunal Constitucional prohibió realizarla y pese a que solo participaron 40% de los 5,5 millones de electores, quienes acudieron a votar en medio de una fuerte presión policial para impedir la consulta. Las autoridades catalanas dicen que el 90% de los que votaron están a favor de la independencia.

El gobierno en Madrid, que está bajo presión política y social después de que la policía trató de impedir violentamente el referendo, ha rechazado cualquier diálogo con las autoridades catalanas a menos que desistan de sus planes para independizarse.

El viernes, Puigdemont pidió hablar ante el Parlamento catalán el martes próximo para "reportar la actual situación política". Los líderes legislativos planeaban reunirse el viernes más tarde para evaluar la petición.

Mientras, el principal índice de la bolsa de Madrid bajaba un poco en las operaciones del mediodía y los bancos catalanes encabezaban las pérdidas debido a la incertidumbre por lo que sucederá en el plano político.

En Madrid, la Audiencia Nacional interrogó el viernes a dos mandos de la policía catalana y a los líderes de dos grupos civiles independentistas que son investigados por sedición, en un caso relacionado con el referendo.

Los cuatro fueron citados a declarar sobre su papel en las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, cuando la policía española detuvo a varios funcionarios y miembros del gobierno catalán y registró oficinas para impedir un referendo sobre la independencia convocado para el 1 de octubre. Los cuatro investigados, que quedaron en libertad sin restricciones tras declarar, serán interrogados nuevamente en los siguientes días, una vez que la corte estudie un reporte de la Guardia Civil sobre los incidentes del domingo.

Las autoridades españolas afirman que las manifestaciones complicaron la actuación policial y la policía regional, los Mossos d'Esquadra, no hicieron suficiente para repeler a los inconformes que impedían salir de un edificio a los agentes de cuerpos nacionales de policía.

Los investigados son el jefe de los Mossos Josep Lluis Trapero; la teniente de los Mossos Teresa Laplana; Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana, el principal grupo civil en el movimiento de independencia; y Jordi Cuixart, presidente del grupo independentista Omnium Cultural.

Carlos Campuzano, portavoz del Partido Democrático de Cataluña, criticó la audiencia del viernes y afirmó que las manifestaciones del mes pasado no podían considerarse ilegales de ninguna forma.

"Otra nueva expresión de la manera absolutamente equivocada, autoritaria, represiva (con la que) el Estado está respondiendo a la demanda pacífica, democrática y cívica de la sociedad catalana", dijo a la prensa ante la Audiencia Nacional.

El Tribunal Constitucional ordenó el jueves que el Parlamento catalán suspendiera una sesión prevista para la próxima semana en la que los legisladores separatistas tenían previsto declarar la independencia.

Rajoy instó a Puigdemont a cancelar sus planes de declarar la independencia para evitar "males mayores". En una entrevista el jueves con la agencia española de noticias EFE, Rajoy dijo que la solución en Cataluña "es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia porque con eso además se evitarán males mayores".

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