Lula trata de cerrar malestar con militares por torturas

RIO DE JANEIRO (AFP). El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se vio obligado a intervenir personalmente para cerrar el clima de malestar que se había instalado entre su gobierno y el sector castrense a causa de crímenes cometidos durante la dictadura militar (1964-1985).

"Debemos aprender a considerar a nuestros muertos, estudiantes y obreros, como héroes y no más como víctimas de la dictadura", dijo Lula hace pocos días, al afirmar que lo más importante "no es sancionar a los militares sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos".

Lula formuló esas declaraciones al firmar un proyecto de ley que admitía la responsabilidad del Estado en el incendio de la tradicional sede de la Unión Nacional de los Estudiantes, en 1979, en Rio de Janeiro. Ese proyecto de ley prevé la reconstrucción del histórico edificio.

Con su discurso, Lula buscó poner punto final a la polémica lanzada por el ministro de Justicia, Tarso Genro, quien el pasado 31 de julio cuestionó la llamada "Ley de Amnistía", negociada en 1979 entre las autoridades castrenses y y sus víctimas.

Por esa Ley de Amnistía, las partes acordaron la liberación de los prisioneros políticos y el retorno de los exiliados a cambio del perdón eterno a las atrocidades cometidas por los agentes represivos.

Genro provocó un verdadero incendio político al sugerir la necesidad de una nueva interpretación de esa ley, y pidió la sanción de militares, policías y agentes de Estado que practicaron torturas.

"La tortura no es un crimen político y es un tema del derecho común", dijo el ministro, aunque admitió que "la apertura de procesos contra militares no es de nuestra competencia" sino del poder judicial.

La declaración generó intenso malestar en los altos rangos militares, que de inmediato apuntaron a un "puro espíritu de revancha".

Para calmar las cosas, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF, la suprema corte), Gilmar Mendes, acotó que era mejor "cerrar un debate que acarrea riesgos de inestabilidad institucional", al tiempo que el ministro de Defensa, Nelson Jobim, afirmó que "la ley (de Amnistía) no será revisada".

Jefes militares llegaron a organizar una demostración de fuerza el pasado 7 de agosto al reunir más de 500 oficiales en el Club Militar de Rio de Janeiro, incluyendo el coronel Carlos Alberto Ustra, un ex jefe de la represión en la ciudad de Sao Paulo.

Los uniformados protestaron sobre los cuestionamientos a una ley "cuyos efectos positivos se hacen sentir todos los días" y llegaron a discutir "el pasado terrorista" de varios miembros del actual gobierno.

La prensa brasileña afirmó que el presidente Lula convocó a Genro y le dio un "tirón de orejas" por el episodio, y que en una reunión ministerial el mandatario llegó a recordar que "no quería una polémica con los militares".

De hecho, Genro fue forzado a dar marcha atrás, y dijo a la prensa que sus ideas habían sido "mal interpretadas".

El gobierno de Lula incluye a varios ministros que participaron de la lucha contra la represión militar. El propio presidente fue detenido durante un mes en 1978, cuando era el líder de grandes huelgas obreras en Sao Paulo.

El año pasado, el gobierno ya había irritado altos mandos castrenses al apoyar el lanzamiento del libro "Derecho a la memoria y a la verdad", donde se admitía la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

Ese volumen censó oficialmente 400 muertos y 160 desaparecidos en Brasil, pero las Fuerzas Armadas se recusan a permitir la apertura de los archivos que permitirían conocer detalles de aquellos años de plomo.

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