Madrid pide acciones legales contra líderes independentistas catalanes

El gobierno español pidió este viernes al Tribunal Constitucional que anule una resolución del parlamento de Cataluña defendiendo la separación unilateral de la rica región y estudie emprender acciones legales contra algunos de los líderes independentistas.

El miércoles, el parlamento regional, dominado por los separatistas, fue un paso más allá en su conflicto con Madrid y aprobó una resolución definiendo los pasos a seguir hasta la secesión de Cataluña, desoyendo la advertencia de este tribunal de que sería ilegal tramitar el texto.

"No estamos solo ante un desafío institucional, estamos también ante un desacato ante el Tribunal Constitucional", dijo este viernes la vicepresidenta del gobierno español de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría.

Su ejecutivo, en funciones desde diciembre por la incapacidad de los partidos de formar un nuevo gobierno, reclamará al alto tribunal que anule inmediatamente la resolución y advierta a los líderes independentistas de las consecuencias de esta desobediencia.

Según una ley aprobada en septiembre por Madrid precisamente en vistas a un futuro conflicto con las autoridades catalanas, estas podrían ir desde multas de 3.000 a 30.000 euros, suspensión de funciones o incluso la apertura de una causa penal.

De hecho, el gobierno pidió al tribunal que estudie las posibles responsabilidades penales de la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, un referente del movimiento independentista como organizadora de las grandes manifestaciones nacionalistas de los últimos años.

En declaraciones a una televisión catalana, Forcadell lamentó la reacción del gobierno. "Resuelven jurídicamente eso que no saben resolver políticamente y eso no ayuda a solucionar el problema, lo hace más grande", dijo.

Como presidenta del parlamento catalán, el gobierno entiende que debería haber paralizado la votación de la polémica resolución como había reclamado días antes el Tribunal Constitucional.

El texto, aprobado por los 72 diputados independentistas de los 135 de la cámara regional, defendía que la única manera posible" para que los catalanes decidan su futuro es "por la vía de la desconexión" de España.

Además, definía el camino a seguir hacia la secesión y la redacción de una constitución para la república en que quieren convertir esta rica región mediterránea de 7,5 millones de habitantes.

Tras años de auge independentista e infructuosos intentos de celebrar un referéndum de autodeterminación, los líderes independentistas apostaron por avanzar unilateralmente hacia la secesión amparándose en la mayoría parlamentaria obtenida en las elecciones regionales de septiembre de 2015.

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