Manifestación en Buenos Aires en apoyo a juez desplazado de corte clave

Miles de personas se manifestaron hoy en Buenos Aires en apoyo al juez suplente Luis María Cabral, desplazado de un tribunal clave en Argentina, encargado de varios casos críticos para el Gobierno de Cristina Fernández.

La concentración, realizada frente al Palacio de los Tribunales, fue convocada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, cuyo titular, el juez Ricardo Recondo, dijo en el acto que la remoción de Cabral es "ilegal e inconstitucional".

"Un funcionario regularmente designado para actuar como juez subrogante (suplente) no puede ser removido por un mero acto administrativo", sostuvo Recondo.

El gobernante Frente para la Victoria impuso el mes pasado su mayoría en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de fiscalizar la actividad de los magistrados, para no renovar al juez suplente Luis María Cabral en su cargo en la sala I de la Cámara de Casación.

En su lugar, el kirchnerismo nombró a un abogado considerado próximo al oficialismo.

La sala que integraba Cabral tiene a cargo, entre otros importantes casos, el análisis de la constitucionalidad del memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán para investigar el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

Según Recondo, la sociedad ha decidido "hacerse escuchar", no solo en apoyo a Cabral sino en defensa de la Justicia independiente.

"No vamos a permitir que se juegue con la independencia del Poder Judicial y con la democracia", afirmó el magistrado.

El juez Cabral, presente en la manifestación, dijo a los medios minutos antes del acto que la situación suscitada con su remoción excede una cuestión "personal" sino que "hay un régimen institucional que debe ser defendido".

"Nosotros tenemos la expectativa de que Cabral debe ser repuesto en el cargo", dijo a Efe el fiscal Ricardo Sáenz, presente en el acto.

"Me parece muy importante que los ciudadanos, no solo la gente del Poder Judicial, estén preocupados por la situación de la Justicia y están con su presencia reclamando que se deje al Poder Judicial trabajar y que se respete la autonomía de los jueces y su libertad más allá de sus decisiones", dijo por su parte el también fiscal José María Campagnoli.

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, consideró hoy que la movilización es una "marcha política" realizada por "miembros del Poder Judicial, que se arrogan un derecho que no tienen".

Aníbal Fernández recordó que el desplazamiento del juez Luis Cabral de su cargo en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal fue avalado la semana pasada por un fallo judicial.

En el tramo final de su segundo y último mandato consecutivo, el Gobierno de Cristina Fernández ha mantenido varios enfrentamientos con la Justicia.

El más sonado derivó de la denuncia contra la mandataria por presunto encubrimiento a terroristas realizada el pasado enero por el fiscal encargado de la investigación por el atentado de la AMIA, Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en su domicilio el pasado 18 de enero, en circunstancias aún no aclaradas, cuatro días después de la presentación judicial.

El entonces jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, aseguró que se trataba de "una estrategia de desestabilización política" y de "la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina".

El Ejecutivo de Fernández cargó también contra la multitudinaria movilización ciudadana que homenajeó a Nisman en silencio un mes después de su muerte, organizada por magistrados y funcionarios judiciales, y lamentó su sesgo político.

La causa contra Fernández fue finalmente archivada el pasado mayo por "inexistencia de delito".

Recondo afirmó en el acto que los "ataques" a la Justicia "muestran una tendencia, que pretende ser irreversible e imposible de detener: la intención de subordinar al Poder Judicial para evitar que cumpla con su constitucional deber de control de los desbordes de los otros poderes".

Según el magistrado, hay un "intento de copamiento político de la Justicia" y el Poder Ejecutivo pretende imponer un "modelo de inestabilidad de los magistrados" para "tener jueces manifiestamente adeptos".

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