Menem al borde de juicio oral por contrabando de armas

BUENOS AIRES, 29 Abr 2008 (AFP) - El ex presidente argentino Carlos Menem (1989-99) quedó al borde del juicio oral en una causa que investiga la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995, al ser confirmado su encausamiento sin prisión preventiva, informó este martes una fuente judicial.

La Cámara en lo Penal Económico dejó en firme un fallo del juez Rafael Caputo, quien había imputado a Menem (77 años) en septiembre pasado como coautor de contrabando agravado. Ese juez también había trabado embargo por 360 millones de pesos (112 millones de dólares) y prohibido la salida de Menem del país sin permiso.

Como senador por La Rioja (noroeste), su provincia natal, Menem goza de fueros que admiten su encausamiento pero no su detención hasta finalizar su mandato en 2014, salvo que renuncie o sea desaforado por sus pares. El juicio oral por el contrabando de armas que involucra a varios ex funcionarios del gobierno de Menem debía iniciarse el 6 de mayo pero fue postergado hasta el 8 de julio por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, informó la fuente. Según el juez, Menem no sólo conocía sino que también impulsó la operación ilegal. El magistrado tuvo en cuenta que también fueron encausados los ex ministros de Defensa Oscar Camilión y Antonio Erman González (fallecido); el ex canciller Guido Di Tella (fallecido), el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik y casi diez funcionarios de menor rango de su administración. Menem firmó tres decretos según los cuales los embarques de fusiles, cañones, morteros, cohetes antitanque y municiones tenían como destino Panamá y Venezuela, pero en realidad fueron a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Por este asunto, Menem estuvo preso durante cinco meses en 2001 acusado de liderar una asociación ilícita que efectuó el contrabando, pero fue dejado en libertad merced a un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia. El ex presidente está también imputado en la causa por la explosión de una fábrica militar que dejó siete muertos y 300 heridos, afronta otro juicio por omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes y se lo investiga por un contrato desventajoso para el Estado para la confección de documentos de identidad.

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