Muerte de jueza en Brasil apunta a milicias ilegales

RIO DE JANEIRO (AP). La jueza Patricia Acioli era conocida por aplicar "mano dura", en especial a policías que también pertenecen a milicias ilegales, y ya había encarcelado a unos 60.

La jueza del estado de Río de Janeiro pagó su valentía con su vida: fue acribillada con 21 disparos frente a su casa en agosto. Y todas las balas correspondían a un lote entregado a la policía, incluida una parte destinada a la ciudad de Sao Goncalo, donde trabajaba.

Aunque la violencia y la impunidad son comunes en Brasil, el descarado asesinato de Acioli asestó un revés especialmente severo a la justicia, un mensaje de intimidación de las milicias ilegales.

El homicidio de la jueza "hirió al estado de derecho, a la democracia; la figura del juez es símbolo de la justicia", dijo Denise Frossard, jueza retirada que presidió algunos de los primeros casos contra implicados en esas milicias en la década de 1990. "Si es una jueza y puede ser asesinada, ¿cómo puede un ciudadano sentirse lo suficientemente seguro para ser testigo?"

El asesinato de Acioli es el primero de una jueza en la historia del estado, aunque la misma Frossard sobrevivió a tres intentos de homicidio y tenía a ocho guardias que la protegían cuando ejercía el cargo.

Las milicias violentas han incrementado su poder y alcance en los últimos años. Han asumido el control en las comunidades pobres que antes controlaban los narcotraficantes y ahora exigen a los lugareños el pago de cuotas para permitirles el robo de electricidad, transportarlos y darles seguridad.

Sus miembros incluyen a policías, bomberos y celadores de prisiones, retirados y en activo.

Los investigadores aseguran que algunos de los miembros de las milicias han sido elegidos como legisladores estatales y municipales. También han sido elogiados por políticos, entre ellos el alcalde de Río de Janeiro, por arrebatar territorios a los narcotraficantes.

Una pesquisa del congreso estatal en 2008 halló que estos escuadrones ilegales estaban vinculados a asesinatos a quemarropa y extorsiones de amplio alcance, así como al secuestro y tortura de un grupo de periodistas que investigaba actividades de esos grupos.

Acioli recibió repetidas amenazas por emprender acciones contra los agentes de la policía que formaban parte de esas milicias, y había enviado cartas a sus superiores para solicitarles protección.

Una semana antes de su homicidio, se dirigió a la oficina de asuntos internos de la policía de Río y aseveró que había recibido amenazas de agentes de Sao Goncalo, donde trabajaba, y de Niterói, donde vivía.

Su último caso el 11 de agosto, el día de su muerte, implicaba a policías acusados del asesinato de un joven de 18 años en un barrio pobre. Uno de sus últimos actos como jueza fue autorizar el arresto de los implicados.

Un mes después, tres de los mismos oficiales de la policía de Sao Goncalo mencionados en el caso fueron acusados del homicidio de Acioli.

Los sospechosos sabían que ella solicitaría su arresto y querían frenarla, dijo Felipe Ettore, jefe de la división de homicidios de Río de Janeiro, en una conferencia de prensa esta semana. No sabían que Acioli ya había emitido la orden de captura.

"Su forma de detenerla era matarla", dijo Ettore. "Fueron al tribunal y siguieron a Patricia hasta la puerta de su casa".

A nivel nacional, 134 jueces corren peligro de muerte porque han recibido amenazas, según el Consejo Nacional de Justicia, que supervisa al poder judicial en el país. El número de magistrados que ha solicitado protección se incrementó 400% en el mes transcurrido desde el asesinato de Acioli, según la Asociación de Jueces de Brasil.

Debido al crimen, la relatora especial de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, Gabriela Knaul, exhortó a las autoridades brasileñas a que protejan a los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley.

"El asesinato de la jueza Acioli demuestra la existencia de un problema penetrante y grave en torno a la protección de los jueces en Brasil", dijo Knaul, quien también es jueza brasileña.

Los casos que llevaba Acioli los asumieron otros tres jueces. Ahora siete fiscales están trabajando con ellos.

"Su muerte ha suscitado temor entre los fiscales y jueces; son humanos y es lógico que piensen 'mañana podría tocarme a mí'", dijo Claudio Lopes, procurador general del estado de Río. "Pero si este crimen fue para intimidar a la justicia, a los responsables les saldrá el tiro por la culata. Seremos más severos que nunca".

El trabajo no es sólo peligroso, sino difícil. Las milicias ilegales se han infiltrado en las autoridades estatales, desde los departamentos locales de la policía hasta las legislaturas.

Tienen una consecuencia particularmente nefasta en el sistema jurídico, debido a que desdibujan la demarcación que separa a los agentes legítimos de los delincuentes, expresó Lopes.

"A menudo están integradas por personas acreditadas por el estado para que promuevan la seguridad pública, y después se vuelven contra el estado, contra el público", dijo. "Usurpan la autoridad del estado. De esta forma, estos escuadrones suponen un peligro más grave que los traficantes de narcóticos".

Incluso hace algunos años, algunos políticos elogiaban a las milicias ilegales porque hacían lo que el estado no podía hacer: enfrentar a los narcotraficantes afianzados en los barrios pobres de la ciudad.

El ex alcalde de Río, César Maia, les dio la bievenida a estos escuadrones al referirse a ellos como "un mal menor" y una forma de "autodefensa comunitaria" frente a los narcotraficantes, de acuerdo con el periódico O Globo en el 2006.

El alcalde actual, Eduardo Paes, elogió a las milicias ilegales en una entrevista que difundió en julio de 2008 la televisora Globo: dijo que esos grupos "trajeron paz a la población" en zonas donde el estado había perdido soberanía frente a los capos del narcotráfico.

Sin embargo, el aumento en el número de cadáveres ha propiciado un cambio de opiniones. Una pesquisa en 2008 que encabezó Marcelo Freixo, jefe de la comisión de derechos humanos del congreso del estado, condujo al arresto de un representante estatal y seis integrantes del ayuntamiento por su implicación en actividades de milicias ilegales. Cientos fueron arrestados por otros cargos debido a la información detallada aparecida en el informe.

Uno de los arrestados fue el concejal de la ciudad de Río, Luiz Andre Ferreira da Silva, acusado de orquestar el asesinato de Freixo y del jefe de la policía local.

En Sao Goncalo, 34 agentes fueron dados de baja a consecuencia del asesinato de Acioli debido a que afrontan cargos penales graves como homicidio, según la Corte Suprema del estado de Río de Janeiro. Fueron emitidas órdenes de captura contra 28 de ellos.

A pesar de las amenazas contra Acioli, las autoridades judiciales le redujeron el cuerpo de seguridad que tenía de cuatro escoltas a uno en 2007, dijo Tecio Lins e Silva, abogado que representa a la familia de la jueza asesinada.

"Este asunto involucra mi vida, y es muy importante", escribió Acioli en una carta en la que protestaba la decisión. "No comprendo la atención que se está dando al caso".

A pesar de todo, no le fueron reasignados los escoltas de seguridad. Cuando fue baleada no había nadie para protegerla.

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