Obama saca a luz trapos sucios del gobierno de Bush

WASHINGTON (AP). Después de los ataques terroristas del 2001, el gobierno de George W. Bush decidió que determinados derechos constitucionales no se aplicarían a medida que Estados Unidos intensificaba su respuesta al terrorismo, según documentos difundidos públicamente por primera vez.

En nueve opiniones legales reveladas el lunes por el gobierno de Barack Obama, el Departamento de Justicia durante el gobierno de Bush se atribuyó poderes excepcionales. Dos semanas después de los ataques del 11 de septiembre, los abogados del gobierno discutían los medios de interceptar sin autorización judicial conversaciones dentro del país.

El gobierno de Obama también reveló documentos según los cuales la CIA destruyó casi 100 videograbaciones _muchas más que lo que se sabía_ de interrogatorios y otro tratamiento a sospechosos de terrorismo. Legisladores demócratas y otros críticos han denunciado que algunas de las técnicas de interrogatorio equivalían a tortura, lo que Bush y otros funcionarios negaron.

El gobierno de Bush abandonó muchas de las conclusiones legales, pero mantuvo los documentos en secreto. Al difundirlos, Obama siguió ventilando los trapos sucios del gobierno de Bush.

"Demasiado a menudo, durante la década pasada, la lucha contra el terrorismo ha sido considerada como una batalla contra nuestras libertades civiles", dijo el secretario de justicia Eric Holder en un discurso, mientras se preparaba la difusión de los documentos. "No sólo esa escuela de pensamiento es errada, sino que me temo que realmente sea más perjudicial que otra cosa".

Los memos legales escritos por la Oficina Legal de la Presidencia durante gobierno de Bush revelaron los dilemas de un gobierno para luchar contra el terrorismo en un mundo cambiante. La conclusión, reiterada en página tras página, fue que el presidente tenía amplia autoridad para dejar de lado derechos constitucionales.

Las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional contra búsquedas y allanamientos sin orden judicial, por ejemplo, no se aplicaron en Estados Unidos mientras Bush combatía el terrorismo, dijo el Departamento de Justicia en un memo del 23 de octubre del 2001.

"Los derechos de la Primera Enmienda de libertad de palabra y de prensa también podrían quedar subordinados a la necesidad prevaleciente de librar la guerra sucesivamente", escribió el subsecretario de justicia John Yoo, y añadió que "la actual campaña contra el terrorismo podría requerir ejercicios de poder federal aun más amplios a nivel nacional".

El 25 de septiembre del 2001, Yoo discutió posibles cambios a las leyes sobre interceptaciones telefónicas para propósitos de espionaje. En ese memo, dijo que el interés del gobierno por mantener segura a la nación de ataques terroristas podía justificar registros sin órdenes de allanamiento.

Yoo, actualmente profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, no respondió mensajes en busca de comentario. El ex secretario de justicia Alberto Gonzáles, que dirigió la Oficina Legal cuando se escribieron muchos de los memos, tampoco respondió inmediatamente a un pedido de comentario que se le formuló por medio de su abogado.

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