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Ombudsman de Honduras pide investigar las muertes de periodistas desde 2003

El comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, pidió hoy a las autoridades del país investigar las muertes violentas de periodistas, que suman 47 desde 2003.

De los 47 casos de periodistas y comunicadores asesinados, el 91 % quedaron impunes hasta ahora, según indicó Herrera en un comunicado.

El Ministerio Público y la Policía deben investigar todos los casos, resaltó el ombudsman hondureño, quien además consideró que "la impunidad y la corrupción son de los problemas más graves que dificultan avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en el país".

El pasado jueves fue asesinado el periodista Nery Francisco Soto en Olanchito, departamento de Yoro, en el norte del país centroamericano.

Soto murió de varios impactos de bala que le infirieron, al parecer, desconocidos que se transportaban en una motocicleta cuando el comunicador llegaba a su casa, después de que no pudiera transmitir un noticiero nocturno que dirigía en un canal de la televisión local por falta de energía eléctrica en la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Soto, aunque un oficial de la Policía dijo que por ahora se descarta que haya sido por robo o por razones ligadas al ejercicio de su profesión.

Otro periodista de televisión, Herlyn Espinal, fue asesinado el 21 de julio pasado en Santa Rita, también en el departamento de Yoro, por causas que tampoco fueron esclarecidas, mientras que el presunto autor material del crimen habría salido del país, según fuentes policiales.

Herrera subrayó que "cada vez que muere un periodista se violenta, en primer término, el derecho a la vida e igualmente se afecta, al final, el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de informar adecuadamente".

Agregó que ante la falta de investigación, tanto los periodistas como el medio para el que trabajan sienten temor porque no se sabe qué los está exponiendo al peligro.

" La muerte de periodistas y comunicadores sociales debe ser motivo de preocupación en la sociedad hondureña, más aún cuando no se determina la autorí a", acotó el titular del estatal Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras.

Según Herrera, no basta con decir que existe la voluntad política de castigar a los culpables, cuando lo que se quiere ver es la efectividad de la Policía, del Ministerio Público y del poder judicial e inclusive del sistema penitenciario.

" El deber ya existe y ningún gobierno debe sustraerse a lo que la Constitución y las leyes lo establecen ", indicó Herrera.