Organizaciones apelan archivo denuncia contra Fujimori por esterilizaciones

Lima, (EFE). Dos organizaciones civiles de Perú presentaron hoy sendos recursos de impugnación contra la decisión de un fiscal que exculpó al expresidente Alberto Fujimori de responsabilidad delictiva en una acusación por presuntas esterilizaciones forzadas durante su gestión (1990-2000).

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Sigfrido Florián explicó a Efe que interpusieron ese recurso para que "se revise la resolución que la Fiscalía ha emitido y que pueda ser reexaminada, porque no es justo que se archive un caso que compete a 2.100 mujeres que fueron esterilizadas forzadamente".

Por su parte, la representante legal de la organización feminista Demus, Rossy Salazar, indicó a Efe que presentaron una queja ante la Fiscalía porque hay suficientes evidencias de que se cometieron "delitos de lesa humanidad" y que hubo dominio del hecho (autoría mediata) de Fujimori en este caso.

El viernes pasado, el fiscal Marco Guzmán consideró que no se halló "elementos probatorios suficientes" sobre la responsabilidad delictiva de Fujimori en las presuntas esterilizaciones forzadas y que en ese caso no se incurrió en "delitos de lesa humanidad".

La decisión también determinó que no existía responsabilidad en los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong.

El fiscal estableció que sí existen elementos de violación de derechos humanos porque "en algunos casos" las esterilizaciones afectaban "la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza".

A pesar de ello, el comunicado de la fiscalía indicó que Guzmán denunciará a seis médicos por la muerte de una mujer que fue esterilizada en la región norteña de Cajamarca.

Tras conocerse la medida, Demus expresó en un comunicado su "indignación" y consideró que cubre con "impunidad" una de las "más graves violaciones a los derechos humanos" cometidas en Perú.

En junio pasado, la Fiscalía reabrió la investigación en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indicó que el número de mujeres afectadas era muy alto y por lo menos una de ellas había muerto a consecuencia de esas prácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.

Aunque no se tiene un número preciso, organizaciones civiles aseguran que unas 1.500 mujeres fueron intervenidas sin su consentimiento, mientras que la Defensoría del Pueblo de Perú registró en total 18 víctimas mortales de esas supuestas prácticas.

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