Países del Grupo de Lima piden a Maduro que facilite ingreso de ayuda humanitaria

Varios miembros del Grupo de Lima, formado por 14 países latinoamericanos y caribeños, abogaron este martes por un "verdadero" diálogo nacional ante la "profunda" crisis que vive Venezuela y piden al gobierno de Nicolás Maduro que facilite el ingreso de ayuda humanitaria.

Desde Bruselas, donde participan en la reunión de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), este grupo de países pide en una declaración conjunta, la instauración de un "verdadero diálogo nacional" en el que participen todos los actores políticos y celebrar un nuevo proceso electoral que cuente con "las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia".

Los miembros del Grupo de Lima que apoyaron esta demanda son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Mientras que no la secundaron Brasil, Canadá, Guyana y Santa Lucía.

Los diez estados se manifiestan preocupados por informaciones recientes sobre "movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia" e instan al gobierno venezolano que "facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición".

Ante la "ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho" en Venezuela, este grupo de países reitera su desconocimiento de la "legitimidad y credibilidad" de las elecciones del pasado 20 de mayo, boicoteadas por la mayor parte de la oposición, en las que fue reelecto Nicolás Maduro.

También se muestran "consternados y alarmados" por las "graves violaciones" de los derechos humanos en Venezuela, que "incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la justicia, así como la erosión de los controles y equilibrios institucionales y de la democracia en ese país".

En este sentido, manifiestan su disposición a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el derecho internacional aplicable, medidas a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela, aunque no precisan cuáles ni cómo las llevarían a cabo.

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