Panamá reconoce responsabilidad en demanda de inmigrante

SAN JOSÉ ( AFP). Panamá reconoció este jueves parcialmente su responsabilidad en las violaciones de derechos a un migrante ilegal ecuatoriano que fue detenido en 2002 y condenado a dos años de prisión, en la audiencia final de un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La denuncia del ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor, detenido en Panamá mientras intentaba llegar a Estados Unidos, es la primera causa sobre derechos de los migrantes indocumentados que debe resolver la Corte, con sede en San José, que dictará su fallo próximamente.

La representante del Estado panameño en el juicio, Iana Quadri de Ballard, declaró ante el panel de siete jueces la " aceptación parcial de responsabilidad internacional" en el caso de Vélez, por no haberle concedido diversas garantías procesales, pero negó la acusación de que éste fue torturado tras ser detenido.

" Este reconocimiento no alcanza a los alegados actos de tortura", agregó Quadri en su alegato final de la audiencia de dos días, iniciada el miércoles.

Quadri admitió que las autoridades panameñas no habían notificado los cargos adecuadamente a Vélez, sino que le fueron " informados verbalmente", lo que fue " insuficiente" para garantizar sus derechos.

También reconoció que el ecuatoriano fue condenado a dos años de prisión por resolución del director nacional de Migración y no por un fallo judicial, algo que aseguró que fue modificado en su país por ley en 2004 por pedido de la Corte Suprema.

" La Corte Suprema expresó que tales actos administrativos (condenar a un migrante) eran actos de naturaleza penal y debía tener las garantías procesales, lo que no ocurrió en este caso", dijo la funcionaria panameña.

Admitió también que " no se le concedió al señor Vélez el tiempo ni los medios para preparar su defensa", ni se le proporcionó un abogado de oficio para que lo asistiera.

Quadri dijo que tras este " reconocimiento parcial", el Estado panameño está dispuesto a resarcir a Vélez de la manera en que lo dictamine la Corte.

En la misma audiencia hicieron sus alegatos finales el equipo de abogados de Vélez, encabezado por Marcela Martino, pertenecientes al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, encabezados por María Silvia Guillén.

La CIDH avaló la denuncia de Vélez y llevó el caso a la Corte.

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