Parientes preservan memoria de desaparecidos chilenos

SANTIAGO DE CHILE (AP). Mujeres chilenas que por décadas han buscado en vano a sus seres queridos desaparecidos durante la dictadura militar libran ahora una nueva batalla por preservar la historia de dolor e incertidumbre detrás de cada caso, sin dar pie a la resignación.

Sin lograr recuperar los restos de sus familiares, trabajan en cambio para proteger miles de documentos que describen, unas veces a retazos, otras con escalofriante detalle, lo ocurrido con más de un millar de chilenos.

"La memoria es tan importante, un pueblo que olvida permite que los horrores vuelvan a suceder, y quienes hemos sido víctimas directas no queremos que esto vuelva a ocurrir", dijo a la AP Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Contó que desde la creación de la AFDD, en 1976, con unas 300 mujeres y un puñado de hombres, "fuimos reuniendo el material, guardándolo, pero no pensando en que iba a servir en el futuro".

Los documentos atesorados por décadas empezaron a deteriorarse y cinco voluntarias trabajan hace dos años en su restauración para crear su propio Centro de Documentación. Con el apoyo del Archivo Nacional, postularon el proyecto "Reconstruyendo Memoria" al Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos, ADAI, con sede en Madrid, que las aceptó y las ha financiado con dineros que sólo pueden utilizarse para adquirir material de restauración.

En 2003, la labor de la AFDD fue reconocida por la Unesco como parte de Registro Memoria del Mundo, como un testimonio de la secuela quizás más dolorosa de las violaciones a los derechos humanos del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), los detenidos desaparecidos.

Al principio "uno luchaba por salvarle la vida al ser querido, por rescatarlo del centro secreto de detención, pero nunca pensando que esto iba a ser casi para toda la vida", dijo Díaz.

La dirigente admite que existe preocupación en la AFDD por el paso del tiempo y la labor que queda por delante: encontrar los restos de sus parientes y que se condene a sus victimarios.

Notó que las madres que para el golpe militar tenían 50 años, hoy tienen 85 ó más. "Más de la mitad han muerto", dijo Díaz.

¿Qué pasará cuando estas mujeres desaparezcan?

"Es un tema que siempre estamos conversando, porque lentamente se tiene que ir produciendo la renovación, se tiene que ir incorporando la gente más joven, los nietos", afirmó Díaz, aunque admite que ese recambio en la dirigencia y en los miembros de la AFDD no se ha producido.

Insistió en que "el tema (del recambio generacional) se conversa, pero hay activo todavía".

La dirigente, 57 años, abandonó sus estudios de alemán para dedicarse a la búsqueda de su padre y de otros 1.196 detenidos desaparecidos. Otras 2,000 personas fueron ejecutadas, de acuerdo con un informe oficial de 1991.

Díaz y otras cuatro mujeres trabajan en la restauración de miles de recursos judiciales, faxes, declaraciones, querellas, fotografías que con el tiempo se han tornado amarillentos y deteriorado.

Trabajan sobre amplios mesones en una sala, rodeadas de gabinetes con puertas de vidrio a través de las cuales se ven centenares de cajas blancas de cartón, donadas por chilenos residentes en Ginebra.

En la sala, en el segundo piso de una residencia de tres plantas cercana al centro de Santiago, se prohibe fumar, comer o beber en su interior. Se calefacciona con una estufa eléctrica.

La mujer restaura documentos, los limpia manualmente, saca grampas y el papel engomado, autoadhesivos, los estira si están arrugados y los cubre con papel libre de ácido, que evita que sigan poniéndose amarillos o que tiñan los de abajo.

"Cuando uno trabaja en la restauración, cuando lee el contenido de los escritos, ve que a pesar del miedo, del dolor, fue quedando por escrito la historia de lo que fuimos viviendo, y eso tiene un valor inmenso", explicó.

Un juez estableció el año pasado que su padre, el dirigente comunista Víctor Díaz, secuestrado en mayo de 1976, fue torturado durante ocho meses en un cuartel secreto de la policía represiva antes de ser asfixiado con una bolsa plástica, ensacado, atado con rieles al cuerpo y lanzado al mar desde un helicóptero.

El habeas corpus presentado por Díaz para ubicarlo se guarda en cajas de cartón, junto a otros 9,000, todos rechazados por jueces que aceptaron la respuesta del régimen de que los buscados no estaban presos.

Con el tiempo avanzaron en el camino judicial y los recursos amparo se convirtieron en juicios, muchos de los cuales fueron sobreseídos durante la dictadura, o traspasadas a la justicia militar, que aplicó en la mayoría de los casos una controversial Ley de Amnistía legada por Pinochet.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hugo Dolmestch informó que en la jurisdicción de Santiago hay 326 procesos por violaciones a los derechos humanos ingresados, de los cuales 134 están terminados y 192 pendientes. En el resto del país se suman unos dos centenares de casos.

De los 9,000 habeas corpus, sólo uno fue aceptado por los jueces de la época, el de Carlos Contreras Maluje, un químico farmacéutico detenido en 1976. Según la investigación judicial, llevó a sus torturadores a un lugar donde supuestamente se encontraría con unos camaradas. Al llegar, se lanzó a las ruedas de un autobús, gritando su nombre. Transeúntes y policías quisieron ayudarlo, pero sus captores se lo llevaron y lo mataron, según testificó un agente desertor.

El recurso fue aceptado porque hubo demasiados testigos de sus gritos y de cómo se lo llevaron individuos vestidos de civil que mostraron una credencial a la policía.

Otra voluntaria que trabaja en la restauración es Nodina Muñoz Otárola, 47 años, técnica en Bienestar Social y hermana de unos de los últimos desaparecidos en dictadura, en 1987. Ella respalda miles de fotografías digitalizándolas, que fueron limpiadas y restauradas por Eliana Zamorano, 68 años, cuyo esposo desapareció en julio de 1974. Fueron descritas por Catalina Avendaño, 62 años cuyo marido y cuñado están desaparecidos.

Isolina Ramírez, 75 años, nutricionista jubilada, con un esposo desaparecido en 1976, es rápida digitalizando miles de fichas que sus compañeras van llenando meticulosamente.

En 2003 ninguna sabía nada de conservación y restauración, pero fueron adiestradas por Patricia Huenuqueo, responsable del Sistema Nacional de Archivos, y Gina Fuentes, conservadora y restauradora de documentos.

Huenuqueo dijo a la AP que no tuvieron mayores dificultades para aprender, y una vez definido el actual grupo, "la mayor dificultad ha sido no disponer de todos los recursos para desarrollar el archivo de manera completa e integral".

Agregó que "falta procesar un tercio de todo el patrimonio documental de la AFDD".

Díaz explicó que "en otros lugares hay personal contratado para hacer ese trabajo. Aquí, familiares de detenidos desaparecidos aprendimos a hacer el trabajo y lo hacemos nosotros".

"Por eso, a lo mejor, el trabajo de restauración no avanza como quisiéramos, más rápido, porque nosotras hacemos todo", añadió.

Junto con los documentos de la AFDD, también fueron reconocidos por la Unesco archivos de otras siete organizaciones chilenas de derechos humanos, entre ellas la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la Iglesia Católica que brindó ayuda jurídica y asistencial gratuita a los perseguidos por la dictadura, y la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Los fondos de la AFDD siempre son escasos, la mayoría de sus miembros no trabaja y muchas son ancianas, por lo que son apoyadas por organizaciones internacionales y chilenos exiliados.

La Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) les compró equipos y publicaciones y la Consejera de Cultura del gobierno de Cataluña, Caterina Mieres, aportó dinero para una televisor pantalla grande, computadores y para renovar el refrigerador de la cocina, precisó Díaz.

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