Presidente Vizcarra retorna de urgencia a Perú por fiscales destituidos

El presidente peruano Martín Vizcarra retornó de urgencia el martes desde Brasil, donde había llegado para la investidura del presidente de ese país Jair Bolsonaro, y anunció que estudiará las medidas que tomará luego de que el lunes, horas antes del Año Nuevo, el controvertido fiscal general Pedro Chávarry destituyó a dos fiscales clave del equipo que investigaba a la élite política implicada en el caso Odebrecht.

“Las medidas que vamos a tomar responsablemente tienen que ser luego de un análisis técnico y legal” con el primer ministro y el ministro de Justicia, dijo de forma escueta Vizcarra fuera del palacio presidencial tras llegar de Brasil.

“No vamos a defraudar a la población y menos en un año de consolidación de la democracia y de la lucha contra la corrupción”, añadió, tras indicar que daría a conocer su decisión por la tarde.

Chávarry dijo el lunes en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas que retiró al fiscal coordinador del equipo Rafael Vela y al fiscal provincial José Domingo Pérez porque éste cuestionó su elección como fiscal general y porque Vela avaló esa conducta.

Pérez denunció en diciembre a Chávarry por posible encubrimiento debido a las trabas a sus indagaciones sobre los nexos con Odebrecht de la poderosa lideresa opositora Keiko Fujimori y del expresidente Alan García.

A inicios de diciembre, Vela y Pérez lograron un acuerdo con Odebrecht. La empresa se comprometía a entregar sin condiciones documentos y datos de sus sistemas encriptados sobre el pago de sobornos a funcionarios en Perú; permitir que sus exgerentes declaren como colaboradores eficaces ante los fiscales; y pagar 181 millones de dólares. Según los fiscales destituidos, las pruebas son claves para posibles sentencias contra Fujimori y García.

Chávarry dijo además que publicará el acuerdo con Odebrecht, el cual es mantenido en reserva porque así lo establece la ley de colaboradores eficaces. Con esto, según expertos, Chávarry busca romper el acuerdo y detener las investigaciones.

Las diferencias entre los ahora fiscales destituidos y el fiscal general también se acentuaron cuando Chávarry impuso una decena de investigaciones internas a Pérez y dificultó el trabajo del equipo especial al no otorgarles una oficina para su trabajo.

El fiscal general de 67 años _cuyo nombramiento incluso está en duda por presuntamente no haber alcanzado el puntaje mínimo para el cargo_ se encuentra respaldado en el Parlamento por los partidos de Keiko Fujimori y Alan García. Acumula tres denuncias constitucionales en el Congreso que podrían iniciar el camino a su destitución, pero que no avanzan debido a que el partido de Fujimori _mayoritario en el Legislativo y apoyado por el partido de Alan García_ ha postergado los debates.

Todas las denuncias contra Chávarry están relacionadas con un informe emitido en agosto por otra importante fiscal del principal puerto de Perú, quien lo acusa de integrar un grupo delictivo conformado por magistrados y empresarios que torcían la justicia a cambio de recibir favores o dinero. A fines de agosto, una legisladora importante del partido de Fujimori consideró que la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal general es “un asunto de supervivencia”.

No hay caminos claros para establecer las rutas que permitan la destitución de Chávarry. De momento, algunos expertos afirman que podrían presentarse acciones constitucionales ante un juez para suspender al fiscal general o incluso que el presidente podría presentar un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público y así sacar a Chávarry del puesto.

La destitución de los fiscales provocó preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la organización Transparencia Internacional. El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao dijo en Twitter que por el “impacto y relevancia, la decisión de la Fiscalía General de Perú debe ofrecer una justificación pública”. Transparencia Internacional añadió que la decisión de Chávarry “es un enorme paso atrás en la lucha contra la impunidad en Perú” y le instó a “reconsiderar” su decisión.

La decisión de Chávarry desató protestas inusuales en las calles entre cientos de peruanos pocas horas después del Año Nuevo en al menos cinco ciudades del país. Se anunciaban más protestas para la tarde del primer día de 2019.

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