Perú: conflictos sociales ponen en aprietos al gobierno de Humala

LIMA, ( AFP). Los actuales conflictos sociales en Perú, esencialmente mineros, han mostrado preocupantes signos de debilidad y falta de rumbo en el gobierno a menos de un año de la llegada al poder del presidente Ollanta Humala, opinaron este miércoles analistas consultados por la AFP.

Las protestas llevaron al gobierno a implantar el estado de emergencia en Espinar (sudeste), donde se cumple una huelga contra la minera suiza Xstrata, mientras en Cajamarca (norte) organizaciones sociales preparan para este jueves una paralización en rechazo a un proyecto minero de la estadounidense Newmont.

" El gobierno parece desorientado y no tener rumbo, sin una estrategia definida; se busca intentar resolver los conflictos conforme van estallando", opinó Aldo Panfichi, politólogo de la Universidad Católica.

Panfichi estimó que para salir de bloqueo el presidente Humala "debería dar un golpe de timón", pero se preguntó: ¿Hacia dónde?, eso es una incógnita", añadió.

La Defensoría del Pueblo contabilizó en un reciente informe 243 conflictos sociales en todo el país, la mayoría vinculados a temas socioambientales en los que están involucradas empresas mineras.

Eduardo Toche, sociólogo del Centro de Promoción del Desarrollo, hizo notar que el gobierno de Humala "no ha mostrado elementos como para controlar la situación en escenarios que eran previsibles, incluso desde antes de que Humala asumiera la presidencia en julio del año pasado".

Para el analista Luis Benavente, de la Universidad de Lima, el Estado "no ha actuado a tiempo y reacciona cuando los conflictos llegan a situaciones de extrema violencia con pérdida de vidas".

En esa situación el gobierno "impone la emergencia (en Espinar), actúa con mecanismos de represión, pero no vemos soluciones políticas", observó.

La noche del lunes el primer ministro Oscar Valdés informó la decisión del gobierno de establecer el estado de excepción en Espinar -en huelga desde hace diez días-, en la región de Cusco, y acusó a "grupos radicalizados y ultras" de fomentar desórdenes que dejaron dos muertos y unos 70 heridos, entre civiles y policías.

"Se tiene que restablecer el orden para reiniciar una mesa de trabajo para dialogar", precisó.

La situación se complica para el gobierno luego de que dos parlamentarios del partido de gobierno Gana Perú, pidieran este miércoles la renuncia del premier Valdés.

"Exigimos la renuncia del primer ministro Valdés, que se levante la emergencia y la liberación de los líderes sociales detenidos en Espinar", según un pronunciamiento de los legisladores oficialistas Rubén Coa y Hernán de la Torre.

Es la segunda vez en menos de un año que el gobierno recurre al estado de emergencia después de que en noviembre pasado se impuso una medida similar en Cajamarca para frenar protestas contra el proyecto minero Conga, de Newmont.

Benavente advirtió que, de persistir las actuales circunstancias antes de que se cumpla un año con Humala en el poder, se puede "llegar a una crisis de gobernabilidad para los siguientes cuatro años" en los que el país puede sufrir una retracción de inversiones mineras.

Anotó que al margen de las demandas regionales que pueden ser atendibles, hay grupos políticos detrás de las protestas con "deseo de figuración política para lanzar eventuales candidaturas".

Ese criterio fue compartido por Panfichi, quien estimó que "en la medida que los partidos políticos son casi inexistentes, los conflictos sociales son plataformas políticas para construir liderazgos regionales que van contra la clase política tradicional".

Como una probable salida a la actual situación, los analistas subrayaron la necesidad del gobierno de ampliar su campo de acción que le permita ofrecer mecanismos de diálogo que se anticipen al estallido de los conflictos.

"Pero parece que el gobierno hace lo contrario, empieza a retroceder, a encapsularse y a retraerse sobre sí mismo", anotó Toche.

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