Perú: critican ley que encarcela a difusores de interceptaciones

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LIMA (AP). Defensores de la libertad de expresión criticaron el viernes una ley aprobada la víspera en el Congreso que ordena encarcelar hasta por cuatro años a quienes difundan comunicaciones privadas interferidas ilícitamente.

Si el presidente Ollanta Humala no promulga ni aprueba la ley en 15 días, el Congreso será el encargado de aprobarla.

La ley castiga con cárcel de entre dos y cuatro años a quienes difundan comunicaciones privadas y sólo exime de prisión si se difunden "comunicaciones que tuviesen un contenido delictivo o contravengan el ordenamiento legal".

"Existe un montón de cosas distintas a la comisión de un delito o a situaciones ilegales que tienen interés público y que deberían ser difundidas sin que se sancione penalmente", dijo por teléfono a The Associated Press Roberto Pereyra, abogado de IPYS, una organización defensora de la libertad de expresión y al acceso a la información pública en América Latina.

"El consumo de drogas por un alto funcionario, las alianzas y deslealtades políticas, todas son situaciones donde no hay nada ilegal, no son delito en Perú pero sería de interés público y no se podría difundir por esta ley", añadió.

La ley fue aprobada el jueves por el Congreso con 97 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra.

El legislador Heriberto Benitez, del partido opositor Solidaridad Nacional y el único que se opuso a la norma, dijo a la AP que "la ley aprobada implica una mordaza a la prensa y afecta a los periodistas y a medios de comunicación".

Benitez recordó que la ley fue impulsada por el Partido Popular Cristiano "en represalia porque en 2010 la prensa difundió el audio de su lideresa Lourdes Flores cuando se expresaba de forma cruda sobre sus propios seguidores".

Durante los comicios municipales de 2010, la prensa difundió un audio donde Flores, entonces candidata a la alcaldía de Lima, indicaba que la mencionada elección era "lo que menos me importa en la vida". Flores perdió los comicios.

Hasta ahora la ley peruana castigaba con prisión sólo a quienes interceptan líneas o realizan escuchas telefónicas, pero no a los que difunden su contenido.

En 2008 otro caso de escucha telefónica ilegal provocó la caída del primer gabinete ministerial del entonces presidente Alan García en un juicio que aún continúa.

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