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Perú registra perjuicios de 283 millones de dólares en proyectos de Odebrecht

El Estado peruano registró un presunto perjuicio económico de 283 millones de dólares por irregularidades en los 23 proyectos ejecutados por la empresa brasileña Odebrecht en el país entre 1998 y 2015, afirmó hoy el contralor general de Perú, Edgar Alarcón.

Alarcón detalló en una conferencia de prensa que esas 23 obras de Odebrecht, investigada en Perú por sobornar a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras, supusieron una inversión en conjunto de 16.940 millones de dólares.

La Contraloría auditó 16 proyectos y las irregularidades más destacadas estuvieron en el sistema de Carreteras Interoceánicas (IIRSA), la Línea 1 del Metro de Lima, la Costa Verde del Callao, y la carretera del Callejón de Huaylas entre las localidades de Chacas y San Luis, y el Gasoducto Sur Peruano (GSP).

En la construcción de las carreteras IIRSA del norte, centro y sur de Perú, destinadas a conectar la costa peruana con Brasil y Bolivia, se identificó un incremento del 93 % de la inversión inicial estimada para la totalidad del proyecto, según el informe.

La IIRSA Norte pasó de 258 millones de dólares a 510 millones de dólares, la IIRSA Centro aumentó de 100 millones de dólares a 127 millones de dólares, y la IIRSA Sur se incrementó de 1.184 millones de dólares a 2.346 millones de dólares.

El organismo estatal también detectó un perjuicio de 111 millones de dólares en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y de 58 millones de soles (unos 17 millones de dólares) en la carretera Chacas-San Luis.

La Contraloría ha propuesto la creación de una Fiscalía Ad Hoc y la conformación de un Juzgado Especializado para la realización de acciones inmediatas que resuelvan estos casos.

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La compañía brasileña acordó con la Fiscalía de Perú, el pasado 5 de enero, pagar 30 millones de soles (unos 9 millones de dólares) como un adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas obtenidas con los sobornos.

El convenio también contempla entregar toda información o documentación que le sea requerida, incluso cuando esta se encuentre en otros países, para que sea corroborada y valorada en función de su utilidad y trascendencia de cara a un eventual acuerdo final.