Policía de Nicaragua ocupa ruta de marcha contra Ortega y crea incertidumbre

Agentes de seguridad y antimotines de la Policía de Nicaragua ocuparon hoy la ruta prevista de una marcha contra el presidente Daniel Ortega, lo que creó incertidumbre, ya que el país atraviesa una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos en manifestaciones contra el Gobierno.

Decenas de policías fuertemente armados se desplegaron sobre la Carretera a Masaya, una de principales vías de Managua, desde horas previas a la marcha, que se espera multitudinaria, que tiene por título "Nada está normal".

Las autoridades policiales no brindaron explicaciones sobre su decisión.

La Policía se desplegó al norte de una concentración de trabajadores del Estado convocada por el Gobierno, para contrarrestar la protesta, en una línea de hasta un kilómetro.

A pesar de que el Gobierno ya había hecho coincidir manifestaciones anteriores en hora y lugar, hasta ahora no se había visto un amplio despliegue policial en la ruta de la marcha contra Ortega.

"Seguiremos resistiendo cívica y pacíficamente por una Nicaragua con justicia y democracia", publicó la Alianza Cívica, que apoyó la convocatoria para este sábado, en respuesta a la fuerte presencia policial.

A pesar de que la Alianza confirmó la manifestación de hoy, sus integrantes no revelaron si cambiarán de ruta para evitar enfrentamiento, tal como ha ocurrido en situaciones de amenaza.

Nicaragua cumple hoy 4 meses en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. 

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