Posponen en Italia hasta enero de 2016 el juicio por caso Finmeccanica

La audiencia prevista para este jueves por el proceso Finmeccanica, que investiga presuntos sobornos de esta compañía a altos funcionarios de Panamá, fue aplazada a enero de 2016 debido al cambio de abogados de uno de sus imputados, el empresario Valter Lavitola.

Lavitola estuvo presente en la vista judicial pero permaneció tras una mampara de seguridad dado que se encuentra preso por otros delitos.

Para este juicio en primera instancia, celebrado en el Tribunal de Roma, Lavitola ha rehusado los servicios de su abogado Gennaro Fredella y ha contratado a los letrados Luigi Chiappero y Carlo Cola.

Los nuevos abogados expusieron hoy su incapacidad para seguir con el proceso ya que acaban de aceptar el caso.

Este cambio en la estructura defensiva del proceso llevó a la jueza Adele Rando a posponer la vista, que se celebrará el 19 de enero próximo. La siguiente audiencia será el 26 de ese mes, cuando testificarán los testigos contra los imputados.

La intención de Rando era fijar la próxima vista el 24 de noviembre pero Lavitola no podría participar dado que deberá afrontar en Nápoles el juicio de apelación del proceso Impregilo.

Por ese caso recibió en primer grado una condena de tres años de prisión por tratar de extorsionar a la constructora italiana Impregilo para que construyera un hospital pediátrico en Panamá.

En la vista de hoy también estuvo presente el otro imputado, Paolo Pozzessere, exdirector comercial de Finmeccanica.

A ambos se les acusa de proponer sobornos a altos cargos panameños durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

El proceso se desarrolla lentamente y el fiscal Ielo expuso su malestar ante los repetidos aplazamientos de las vistas, la última vez por la ausencia de Lavitola, internado en la prisión napolitana de Secondigliano.

En este proceso se investiga un presunto soborno por parte de la empresa italiana, especializada en el sector de la defensa, a funcionarios de alto rango del Gobierno de Martinelli para hacerse con varias licitaciones de obras públicas en Panamá.

Según la acusación, un acuerdo de junio de 2010 preveía el pago de 18 millones de euros a altos cargos del Ejecutivo panameño a cambio de la adjudicación de contratas a las filiales de la compañía italiana por valor de 180 millones de euros.

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