Presidente Uribe quiere repetir elección del 2006

BOGOTA (AP). Tras una solicitud de la Corte Suprema de Justicia de revisar del acto legislativo que permitió la reelección presidencial, el presidente Alvaro Uribe convocó al Congreso para que estudie un referéndum que llame a los colombianos a decidir si se repiten los comicios.

"Convocaré al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referéndum, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006", dijo en tono calmo el presidente Uribe en una alocución transmitida por radio y televisión a todo el país.

Agregó que le pedirá al congreso que se le de al presidente las mismas o "mayores restricciones... que aquellas que en su momento impuso la ley de garantías" electorales.

La Corte al emitir un fallo condenatorio el jueves por la noche contra la ex congresista Yidis Medina, por el delito de cohecho o la aceptación de favores como funcionario público a cambio de algo, aseguró en la sentencia que remitiría a la Corte Constitucional y a la Procuraduría el fallo al considerar que la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe "fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder".

Uribe dijo que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, "aplica justicia selectiva, proceder que atemoriza" al Congreso de la república.

Acusó asimismo a la Corte de "abuso de poder y usurpación de competencias a otros órganos de administración de justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho".

Dijo también que el propósito de la Corte de solicitar a la Corte Constitucional y a la Procuraduría el revisar el acto legislativo de la reelección, es "desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del acto legislativo de reelección presidencial al acusar esta decisión de desviación de poder.

Para el analista Alfredo Rangel, en entrevista con el telenoticiero RCN, la posición de Uribe tenía toda la razón "en criticar y rechazar el pronunciamiento de la CSJ en el sentido de presionar la legalidad y la legitimidad de la elección presidencial, por juzgar que allí hubo un abuso de poder" que no ha sido comprobada de manera legitima por ningún juez de la república.

Sin embargo, el ex ministro de Estado Rafael Pardo precisó que había que "ser ponderado en las reacciones y permitir que las instituciones funcionen". Recordó que Uribe obtuvo cinco millones de votos más que su más cercano competidor durante las elecciones de 2006.

Agregó que había que dejar que la "Corte Constitucional haga su trabajo".

El magistrado Sigifredo Espinosa, presidente de la sala penal de la CSJ, leyó más temprano la determinación judicial en el despacho del tribunal.

En la sentencia del tribunal a la ex parlamentaria Medina se indica que fue condenada a 47 meses y 26 días de arresto domiciliario, por el delito de cohecho o la aceptación de favores como funcionario público a cambio de algo.

En la víspera, el abogado de Medina, Ramón Ballesteros, había dicho que su defendida había sido condenada a 43 meses de prisión, pero la Corte aún no había hecho oficial el fallo.

Ballesteros aseguró a la AP que necesariamente la Corte Constitucional y la Procuraduría tienen que revisar "la legalidad del acto legislativo (de la reelección)" para que "vean si de pronto deja de tener vigencia ese artículo que reformaron".

El defensor manifestó que se logró lo que se buscó desde un principio, que era obtener el arresto domiciliario.

Medina había manifestado públicamente su desacuerdo con la reelección, pero al momento de definir la reforma votó a favor en un sesión clave en el 2004, lo que permitió que el proyecto avanzara en el Congreso hasta su aprobación.

La ex parlamentaria deberá pagar una multa equivalente a unos 12,700 dólares.

Por el caso, la Fiscalía General abrió investigación al ex ministro del Interior en el 2004 y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, quien insistentemente afirma que él nunca le ofreció dádivas a Medina para que votara a favor la reforma.

La ex congresista también señaló ante la Corte al actual ministro de Protección Social, Diego Palacio, como otro de los funcionarios que presuntamente le ofrecieron prebendas. Los dos han negado reiteradamente tales ofrecimientos.

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