Presidente dominicano reconoce indignación por Odebrecht

El presidente dominicano Danilo Medina reconoció por primera vez que los sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht en el país han generado indignación social.

El mandatario había evitado durante dos meses pronunciarse de forma pública sobre los sobornos por 92 millones de dólares que ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber pagado en República Dominicana para adjudicarse contratos con el gobierno.

La compañía ha participado desde 2011 en 17 de las obras de infraesctructura más importantes del país. Al menos siete de esas obras fueron construidas durante la primera administración de Medina (2012-2016).

El escándalo "ha levantado la justa indignación de tanta gente", dijo Medina al comenzar su discurso de informe anual de gobierno ante el Congreso bicameral. Adelantó que a final de su presentación se referiría a los sobornos de la compañía constructora.

Diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron el 22 de febrero a representantes del poder Ejecutivo más de 312.000 firmas para exigir la creación de una comisión de fiscales independientes que investigue, con apoyo de Naciones Unidas, los sobornos millonarios.

Grupos civiles exigen que Medina les dé respuesta a sus demandas durante su discurso de este lunes, o de lo contrario amenazaron que comenzarán protestas callejeras como la que realizaron el 22 de enero, cuando miles de personas recorrieron el centro de Santo Domingo.

Ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante autoridades de Brasil y de Estados Unidos que desde 2001 pagaron sobornos por unos 785 millones en 12 países, incluidos los 92 millones que entregaron en República Dominicana.

La Procuraduría General anunció a finales de enero que llegó a un acuerdo con Odebrecht mediante el cual la compañía pagará una indemnización por 184 millones de dólares en un periodo de ocho años, a cambio de que las autoridades renuncien a procesar judicialmente a los empleados de la empresa y ésta pueda seguir sus operaciones en el país.

El acuerdo, que espera la aprobación del Congreso, generó indignación entre las organizaciones de la sociedad civil que recolectaron las 312.000 firmas para exigir una investigación profunda.

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