El Salvador estudia juzgar a menores como adultos por delitos graves

El Congreso salvadoreño estudia una propuesta de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para que los menores de edad sean juzgados como adultos, aduciendo el "alarmante aumento" de la participación de estos en "delitos graves".

Dicha propuesta surgió a iniciativa de la diputada Patricia Valdivieso, quien en una entrevista con Efe dijo que en El Salvador "estamos juzgando asesinos en serie como (si fuesen) niños", por lo que propuso al Parlamento que los menores puedan ser procesados como mayores de edad.

La parlamentaria sostuvo que la legislación criminal para procesar a menores "protege" a los que comenten "delitos graves".

"No podemos negar que cada vez es más la utilización de menores para cometer delitos" porque se "escudan" en que "saben que no serán procesados como adultos y eso los protege", explicó.

Su propuesta pide reformar los artículos 15, 20 y 35 a la Ley Penal Juvenil vigente.

La iniciativa, que se encuentra en estudio, suprime el carácter de "excepcional" y de "última medida" del internamiento (encarcelamiento) que establece el primer párrafo del artículo 15 de la ley.

El artículo dispone que cuando el delito fuera cometido por un joven con 16 años cumplidos, el juez podrá ordenar el internamiento hasta por la mitad de las sanciones mínimas y máximas establecidas, como "pena de privación de libertad en la legislación penal, respecto de cada delito".

Agrega que "en ningún caso la medida podrá exceder de siete años".

La propuesta reduce la edad a 14 años y detalla una serie de delitos por los que estos serán juzgados como adultos.

"El juez podrá ordenar el internamiento, medidas de índole administrativas para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción penal del delito, como si se tratare que el menor alcanzó la mayoría de edad", reza la iniciativa a la que Efe tuvo acceso.

Valdivieso pretende que quienes tengan menos de 14 años y que cometan homicidio, secuestro, amenaza, violación, robo, ocupación ilegal de inmuebles, agrupaciones ilícitas y actos de terrorismo, sean evaluados por especialistas forenses para establecer su "mayoría de edad mental".

Otra modificación sería al artículo 20 de la ley, con la que se ampliaría el período de prescripción de un delito de 3 a 5 años en menores de 14 años y se equipararía con los lapsos aplicados a los adultos en el caso de los mayores de esa edad.

Respecto al artículo 35, la reforma busca dar la potestad de determinar la "responsabilidad civil" derivada de un delito al juez de la causa penal.

Actualmente dicha responsabilidad es determinada por un juez de un tribunal civil, independientemente a lo resuelto en el juzgado de menores.

"No está funcionando lo que hemos estado haciendo, si seguimos repitiendo las mismas acciones, vamos a seguir fracasando", expuso la legisladora.

"(La propuesta) se hizo cuidando de respetar la Constitución y los tratados internacionales (...) nosotros estamos reformando simplemente una ley porque la violencia que se vive en nuestro país no ha mejorado, ha empeorado", justificó.

Aseguró que esta "es una herramienta más para el combate a la criminalidad, para que dejen de usar a los niños como escudo".

Valdivieso también propuso a la Asamblea Legislativa la castración química para adultos condenados por delitos sexuales, y la creación de un banco genético y de huellas dactilares para las investigaciones de crímenes.

No obstante, las medidas propuestas por Valdivieso no establecen endurecer las penas para quienes usan a menores de edad para cometer delitos y no determina si los niños o jóvenes purgarán sus penas en una cárcel común o en recintos especializados.

La abogada de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Bertha Deleón sostuvo que las medidas propuestas por Valdivieso obedecen "más a intereses políticos" que a una "propuesta seria" que "venga a aportar a la reducción de la criminalidad".

"Los fundamentos en los cuales se basa la iniciativa son falsos o, al menos, no tienen evidencia enfática para sostenerse", explicó Deleón a Efe.

Agregó que, de aprobarse, esta iniciativa "va a ser algo nefasto" porque "atenta contra los derechos de la niñez y no procura su desarrollo".

"Lo que me queda claro es que no se han tomado en cuenta los tratados internacionales y tampoco relaciona ningún estudio serio sobre participación de menores en delitos, sino que hace su afirmación en el aire", concluyó.

Según la autoridades de Seguridad salvadoreñas las pandillas reclutan a menores de edad, algunos bajo amenaza de muerte, para labores de vigilancia en sus zonas de control, cobro de extorsiones y sicariato.

Estadísticas de la Fiscalía señalan que hasta el 22 de septiembre 40 menores fueron acusados por cometer homicidio múltiple y que 13 han sido condenados por este tipo de crimen.

En total 624 menores de edad fueron condenados desde enero hasta dicha fecha, de los que 230 son considerados pandilleros.

Asimismo, 3.374 menores fueron procesados judicialmente en ese período, de los cuales 1.207 pertenecen a alguna pandilla. 

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