El Salvador: suspenden reintegro de dinero robado por Saca

Un tribunal superior de El Salvador suspendió el reintegro de los 301 millones de dólares que el expresidente Tony Saca confesó ante un juez haberse apropiado de la arcas del Estado en complicidad con varios de sus exfuncionarios, se informó el sábado.

El 9 de agosto de 2018, Saca confesó ante un juez que desvió fondos de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y terceros, y el 12 de septiembre fue condenado a 10 años de prisión y a regresar al Estado 260 millones de dólares.

La Cámara Segunda de lo Penal resolvió varios amparos presentados por los abogados defensores y revocó la condena impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia que ordenó que Saca respondiera civilmente por 260 millones de dólares del total sustraído de los fondos públicos.

También favoreció a tres exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de Casa Presidencial, a quienes se les había ordenado regresar el resto del dinero sustraído durante la administración de Saca de 2004 a 2009.

Saca y los demás funcionarios condenados continúan presos en el Penal La Esperanza, en la periferia norte de la capital, ya que el fallo de la cámara no afecta esa parte de su condena.

Al resolver los amparos, la Cámara de lo Penal dijo que tanto Saca como los otros seis vinculados a la trama de corrupción, no deben de regresar el dinero por el momento, y ordenó que se siga el proceso de recuperación del dinero apropiado, a través de un juicio civil.

El secretario de actuaciones de la Cámara, Rodrigo Hernández, dijo a los periodistas que la resolución no anula el reintegro del dinero, sino que otorga oportunidad para que la Fiscalía presente ante un juzgado civil un nuevo caso en el que defina de mejor manera las cantidades que deben regresar los exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial.

Según la resolución, la suspensión se debe a que durante el juicio penal la Fiscalía General de la Republica no pudo determinar la cantidad exacta que deberían de regresar cada uno de los vinculados a la red de corrupción que enquistada en Casa Presidencial.

Agrega que, “esta Cámara analizó la fundamentación que utilizó el Tribunal Segundo de Sentencia y determinó que la única prueba valorada para el área de los civil, es decir, la pericia financiera contable, no determina de forma exacta el monto por que debían de responder los imputados”, señala la resolución.

Hernández explicó que según la pericia ofrecida por la Fiscalía durante el proceso, “tuvo limitaciones como la imposibilidad de valorar la documentación solicitada” y se advierte que la Cámara verificó otros supuestos beneficiarios, entre éstos personas naturales y jurídicas, que no se tomaron en cuenta.

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