Sanguinetti afirma que Uruguay tomó una decisión jurídica en caso García

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti afirmó hoy que el Gobierno de su país tomó una decisión basándose en elementos jurídicos para rechazar el pedido de asilo diplomático que presentó el expresidente peruano Alan García.

"Creo que Uruguay ha actuado con parsimonia, dio en su momento, como corresponde, el amparo provisorio, luego sopesó la situación y luego ha resuelto no conceder el asilo, lo que era razonable", declaró Sanguinetti al Canal N de televisión.

El exgobernante enfatizó que, en este caso, "el tema no era (determinar) si Alan García era o no (culpable), sino determinar si habían las garantías suficientes" para que sea sometido a una investigación judicial.

Agregó que, por ese motivo, está "seguro" de que en el Gobierno de Tabaré Vázquez "se consideró lo jurídico, si hay garantías o no, no si el señor Alan García es bueno o malo".

"El tema no es político, se manejó en el terreno jurídico", concluyó.

El expresidente peruano Alan García abandonó hoy la residencia del embajador de Uruguay en Lima después de que el Gobierno de ese país rechazara el pedido de asilo diplomático que presentó hace dos semanas, informó hoy el canciller peruano, Néstor Popolizio.

García salió de la residencia antes de que se difundiera públicamente el rechazo a su pedido, aparentemente en un vehículo de alquiler que ingresó en la residencia y luego la abandonó, según imágenes difundidas por el Canal N de la televisión peruana.

Al momento de anunciar su decisión, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, enfatizó que en Perú "funcionan libremente los tres poderes del Estado".

"No hemos concedido el pedido de asilo porque en Perú funcionan autónoma y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando las investigaciones", manifestó en alusión al argumento de García de que es un perseguido político.

Alan García es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en un caso de sobornos pagados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. 

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