Santos instala el Congreso que legislará sobre la paz en Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instalará este domingo el nuevo Congreso, que se espera tenga la histórica tarea de legislar las reformas surgidas de un eventual acuerdo de paz con la guerrilla tras más de medio siglo de conflicto.

El mandatario dará el discurso de inauguración de la nueva legislatura en el Capitolio Nacional en Bogotá, luego de presidir el tradicional desfile militar con el que cada 20 de julio Colombia celebra el Grito de Independencia de la Corona española de 1810.

El Congreso, conformado por 102 senadores y 163 representantes, contará por primera vez con un expresidente, Álvaro Uribe (2002-2010), devenido en el más feroz opositor del gobierno luego de la decisión de Santos, otrora ministro de Defensa de Uribe, de iniciar un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal grupo rebelde del país.

Santos, que se ha referido reiteradamente al nuevo Legislativo como el Congreso de la paz, encontrará allí un entorno más beligerante que durante su primer mandato. A este Congreso más dividido y diverso, el Ejecutivo deberá presentar los proyectos de ley que reflejen los posibles acuerdos que se firmen en La Habana, sede de la negociación con las FARC desde noviembre de 2012.

Para cumplir su promesa de sellar la paz en Colombia, el presidente contará con 48 senadores y 92 representantes que hacen parte de su coalición, mientras que el Centro Democrático, movimiento creado por Uribe en 2013, tendrá 20 senadores y 19 representantes para oponerse a las iniciativas del Ejecutivo.

Uribe, que acusa al gobierno de ofrecer impunidad a los rebeldes, tendrá sus propios opositores liderados por los senadores Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, y Claudia López, del independiente Partido Verde, quienes en diversas oportunidades cuestionaron la supuesta cercanía del expresidente con los grupos paramilitares.

Uribe también podría afrontar fuertes debates políticos por los escándalos de su gobierno relacionados con las escuchas ilegales a opositores, jueces y periodistas, además de presuntos actos de corrupción y asesinatos de civiles presentados como guerrilleros dados de baja en combates.

Pese al clima caldeado que se espera en el nuevo Congreso luego del triunfo de Santos sobre el candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, el 15 de junio, el reelecto presidente cuenta con un aumento de la confianza de la opinión pública en el éxito de las negociaciones en La Habana.

Según un sondeo del Centro Nacional de Consultoría publicado a comienzos de julio, el 64% de los colombianos piensa que se puede firmar la paz, frente al 42% que lo creía en mayo pasado.

Santos, reelegido para un segundo periodo que se iniciará el 7 de agosto y durará hasta 2018, tendrá que buscar la aprobación de normas que faciliten la desmovilización de los guerrilleros y regulen su posible participación en la vida política.

Sin embargo, para que el nuevo Congreso pueda abordar estos temas los eventuales acuerdos deberán ser primero refrendados por voto popular antes de ser reglamentados por los legisladores, según dijo el mandatario.

Luego de 19 meses de conversaciones, los diálogos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC han alcanzado acuerdos parciales sobre tres de los seis puntos en agenda: reforma agraria, participación política de los guerrilleros y narcotráfico.

Aún quedan por negociar la reparación de las víctimas, el abandono de las armas y el método para refrendar los acuerdos.

Por otra parte, poco antes de ser reelecto, Santos anunció conversaciones exploratorias con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), segunda guerrilla del país, para iniciar un proceso de paz paralelo, el cual también requerirá de leyes aprobadas por el Congreso.

Además de la paz, el nuevo legislativo tendrá que atender temas relacionados con las reformas del sistema político, de la salud, del Código minero y de la justicia, muy cuestionadas en el país, y para las cuales Santos podría no contar con el apoyo de todas sus fuerzas legislativas.


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