Santos pide perdón a víctimas de masacre paramilitar

BOGOTA ( AP). El presidente Juan Manuel Santos el lunes pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas y sus familias de una masacre perpetrada por paramilitares a fines de los 90 en un remoto poblado donde se registró uno de los choques mas violentos entre ilegales en aquellos años.

El presidente habló desde la localidad de Mocoa, en el departamento de Putumayo, a 580 kilómetros al suroeste del país y donde acudió para inaugurar el comité departamental de atención de víctimas del conflicto armado.

" Quiero aprovechar hoy que están muchas de las víctimas por el ejemplo de la masacre de El Tigre, para decirles, para ofrecerles disculpas nuevamente como presidente de la república, a nombre del Estado", dijo Santos quien en varias oportunidades presentó sus disculpas a los parientes de las víctimas.

" Esa masacre nunca ha debido suceder, eso yo les decía al principio (del discurso) cuando uno lee los testimonios (de la masacre) se le arruga a uno el corazón", agregó el mandatario en el acto, transmitido en vivo por la página de internet de la Presidencia.

Ya Santos ha pedido disculpas a nombre del Estado de masacres como la ocurrida en el poblado de El Salado, en el departamento de Bolívar y a unos 560 kilómetros al noroeste de Bogotá, donde unidades paramilitares asesinaron a por lo menos 60 personas entre el 16 y 21 de febrero del 2000, según informes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

Por datos de la CNRR, en la matanza de El Tigre, en Putumayo, un ejército de unos 150 paramilitares irrumpió en la zona urbana del territorio y dio inicio a un ataque indiscriminado contra la población civil que dejó como resultado el asesinato de 28 hombres el 9 de enero de 1999.

Lo ocurrido en El Tigre fue una " caravana de sangre", dijo el presidente.

Los pedidos de perdón así como la apertura de oficinas en las capitales de los 32 departamentos del país y que atiendan a víctimas del conflicto armado interno son parte de una de las principales políticas del gobierno de Santos: la atención a personas que han sido golpeadas por la violencia de los actores armados en el país, ya sea por asesinatos, secuestros, desplazamiento, entre otros crímenes.

Santos reitero en la jornada que la indemnización económica que reciban las víctimas en virtud de una ley que entró en vigencia el 1 de enero pasado es sólo simbólica porque "los recursos son limitados" por parte de la arcas nacionales. Las indemnizaciones, que tienen un tope de 40 salarios mínimos mensuales vigentes por persona o el equivalente a unos 22,6 millones de pesos (unos 11.930 dólares) llegarían a unos 130.000 colombianos en el primer año de vigencia de la ley, de acuerdo con el Ministerio de Justicia.

Con la de Putumayo --donde se han inscrito al menos 140.000 personas como víctimas de distintos delitos-- ya se han abierto 13 oficinas o comités departamentales de atención, según el Ministerio de Justicia.

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