Senado uruguayo aprueba eliminar plazos a delitos dictadura

MONTEVIDEO (AP). El Senado, con el respaldo del oficialismo, aprobó la eliminación de la prescripción de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1973 a 1985, lo que podría abrir el paso a nuevos juicios contra militares retirados.

En la votación realizada el martes, el gobernante Frente Amplio impuso su voluntad por 16 votos contra 15. Y si el proyecto se aprueba el miércoles en la Cámara de Representantes, se eliminará la prescripción de esos delitos, disposición que regirá a partir del 1 de noviembre, de acuerdo con los plazos que fija el código penal.

El Frente busca así cumplir con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicitó a Uruguay remover las trabas judiciales que impiden juzgar a los militares de la dictadura.

El senador oficialista Eduardo Lorier afirmó a la AP que además se establece que son delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles, pese a que un fallo de la Suprema Corte de Justicia consideró que son delitos comunes.

La oposición señaló que el nuevo texto eliminaría de hecho la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado sancionada en 1986. Agrega que se trataría de un avasallamiento a la constitución, ya que esa ley de amnistía fue refrendada en dos plebiscitos populares en 1989 y 2009, amparados en la carta magna.

El fallo de la CorteIDH se refiere a la denuncia presentada por el argentino Juan Gelman, suegro de María Claudia García, secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires y trasladada a Uruguay clandestinamente donde dio a luz a una niña, Macarena, que en el año 2000 supo quién era y adoptó el apellido Gelman. El esposo de María Claudia García, Marcelo Gelman, fue asesinado en Argentina tras el secuestro.

En mayo, el Frente Amplio fracasó en su intento por eliminar la ley de caducidad --sancionada como contraparte de la amnistía a los tupamaros de 1985-- al no obtener los votos suficientes en la Cámara de Diputados.

Lorier, que también es secretario del Partido Comunista, dijo en el debate que los que no votan este proyecto de ley "defienden la impunidad y defienden a los secuestradores".

El senador del Partido Nacional y ex presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, respondió que "nunca vimos algo tan violento como lo que dijo Lorier sobre los que votamos distinto. Nunca he sido tan agraviado. No le vamos a permitir que nos haga cómplices de los delitos", destacó.

Lorier volvió a pedir la palabra para contestarle a Lacalle y señaló que "el sayo que se lo ponga quien quiera. Lacalle se ha puesto un sayo que no le hemos colocado", añadió.

En tanto, el senador nacionalista Jorge Saravia estimó que se está dando "un golpe de Estado", pues se desconoce el pronunciamiento de la ciudadanía.

En la misma línea argumental, el senador del Partido Colorado, Ope Pasquet, manifestó que "la discusión es una sola: si se va a respetar el voto de los uruguayos" en los dos plebiscitos.

Los militares, en tanto, anticiparon que presentarán una denuncia penal contra los ex tupamaros --movimiento guerrillero al que perteneció el actual presidente José Mujica-- por entender que "los delitos de sangre, como homicidios, deben ser también purgados por todos de la misma forma que los derechos también son para todos".

El presidente del Centro Militar, coronel retirado Guillermo Cedrés, dijo a la AP que "una vez que este proceso de eliminar la ley sea terminado y veamos sus consecuencias, presentaremos las denuncias ante la justicia sobre responsables de asesinatos que jamás fueron enjuiciados". Dijo que al menos hay 34 casos concretos.

"Entiendo que el propósito del oficialismo con eliminar esta ley es para mantener una permanente agresión sobre las fuerzas armadas", dijo. "Si no actuamos hasta ahora es porque queríamos contribuir a mantener la paz social. Pero ahora esto se sigue transgrediendo, al intentar hacer esa derogación que es ilegal y fuera de lugar", agregó Cedrés.

Pese a la vigencia de la ley de amnistía, durante el gobierno del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010) quedaron bajo arresto una veintena de uniformados luego de que la justicia determinó que la norma sólo era aplicable a los delitos cometidos dentro de Uruguay.

En Uruguay hubo unos 30 desaparecidos y más de 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina.

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