Surge controversia en Chile por normas de construcción

SANTIAGO DE CHILE ( AP). Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, carece de normas fundamentales para evitar colapsos de edificios y el devastador terremoto de febrero evidenció la urgente necesidad de contar con una inspección técnica de las construcciones en altura y de una revisión geológica de los suelos.

La gran mayoría de los edificios nuevos sobrevivieron al devastador terremoto de magnitud 8,8, pero hubo daños severos en alrededor de 40 construcciones que debían soportar un megaterremoto de magnitud 9,0, según el código de construcción. Las razones aún se investigan, pero las lagunas en las normas sísmicas fueron tan evidentes que ahora la industria constructora está dispuesta a aceptar un reglamento más estricto.

" Yo diría que el sector de la construcción e inmobiliario no quedó muy bien posicionado frente a la opinión pública, así que creo que hay espacio para avanzar" en una norma de revisión de construcciones, declaró a la Associated Press Rodolfo Saragoni, profesor de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Chile.

Chile aprobó en el 2005 la norma de diseño estructural después de mucha insistencia de especialistas y de diputados de centroizquierda, frente a una tenaz oposición de la poderosa Cámara Chilena de la Construcción y de legisladores derechistas.

" A los sectores de la construcción no les gusta esto porque empiezan a decir que es otro papel más y a alegar que es otro trámite más", dijo Saragoni, que forma parte del Instituto de la Construcción, formado por especialistas en universidades, la Cámara, el Ministerio de Vivienda y los gremios de arquitectos, ingenieros y constructores civiles.

Los expertos internacionales que visitaron Chile tras el terremoto estaban admirados por lo bien que resistieron la gran mayoría de los edificios, e incrédulos porque en un país tan sísmico no haya una norma obligatoria que establezca cómo deben realizarse las inspecciones mientras se desarrolla la construcción, dijo Saragoni.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet las municipalidades perdieron la facultad de revisar las edificaciones y ahora reciben inspecciones de obras realizadas por terceros acreditados.

La imagen de constructoras e inmobiliarias salió perjudicada tras el terremoto debido al colapso o daños en edificios que debían resistir y a la resistencia de las empresas ante demandas judiciales y pedidos de los inquilinos de que se les devuelva el dinero o que se les reparen los daños.

La Cámara no respondió a llamados ni correos electrónicos solicitándole explicación de por qué se opuso en el 2005 a una regla más dura, y si estaría dispuesta a aceptar una nueva norma.

Frente a la devastación, sectores de todos los colores políticos se mostraron partidarios de hacer más estrictas las normas de construcción.

" Lo más importante que podemos hacer nosotros como ministerio es fijar las nuevas normas para que esto nunca más vuelva a ocurrir, porque aquí no hay responsables hoy día... Entiendo que es un rubro que está, en general, muy desprestigiado", dijo la ministra de Vivienda, Magdalena Matte.

El terremoto del 27 de febrero y el posterior tsunami arrasaron con decenas de pueblos costeros y dejaron a más de 200,000 familias sin viviendas, 521 muertos, 56 desaparecidos y unos 30,000 millones de dólares en daños, según cifras del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Unas 50,000 familias permanecen en casas de madera de unos 18 metros cuadrados.

Los únicos ocho muertos por el colapso de una construcción en altura vivían en el flamante edificio de 15 pisos Alto Río, en el sur, de la constructora Socovil S.A., que se partió antes de caer de costado. Los decesos eran evitables, afirma el abogado de seis de las víctimas, Gonzalo Contreras.

" Sostenemos que hubo un mal proceso de construcción, mala calidad de los elementos de construcción", declaró Contreras a la AP.

Uno de los dueños de Socovil, Juan Ignacio Ortigosa enfrenta una querella criminal por homicidio y entrega fraudulenta de los departamentos que vendía, " conociendo o debiendo conocer los vicios que tenían".

Ortigosa declaró a la televisión estatal que no se explica qué pasó y que si tuviera que volver a construir Alto Río, lo haría igual.

Alto Río fue revisado por un ingeniero de la misma empresa Socovil, y antes de ser construido no se realizó un estudio geológico del suelo, según Contreras.

Otro factor que despertó dudas en amplios sectores fue que algunos dueños de constructoras e inmobiliarias fueron nombrados por Piñera en puestos de gobierno relacionados con la reconstrucción.

El gobernador de Santiago, Fernando Echeverría, es socio de una empresa que en su página web presenta más de 50 construcciones sin problemas, pero dos de sus edificios en Concepción, 500 kilómetros al sur, y una en Santiago, presentaron problemas serios, uno con orden de demolición.

Echeverría renunció a su empresa, asumió su cargo y firmó un convenio con la Cámara, la que presidió entre el 2002 y el 2004, para evaluar los daños en las edificaciones de Santiago.

Ante una consulta de AP sobre sus conflictos de interés, su vocero respondió que " él no va a hacer comentario alguno sobre su participación anterior en el tema inmobiliario".

El empresario de la construcción Rodrigo Galilea fue designado por Piñera gobernador del Maule. La mayoría de sus construcciones no recibió daños y si los hay, prometió repararlos. También prometió, en una entrevista con AP, que su compañía no postulará a contratos gubernamentales. " Construimos en nuestro terreno, con nuestro dinero y, si necesitamos dinero, recurrimos a bancos privados".

Piñera, conocido por su gabinete gerencial, llevó más lejos los conflictos de interés y otorgó sin llamar a concurso público 15 millones de dólares a las tres mayores empresas del mercado de la reconstrucción --Easy, Home Center/Sodimac y Construmart-- para que vendieran a los alcaldes de las zonas dañadas los materiales de construcción, en desmedro de pequeños comercios de ciudades y pueblos afectados por el terremoto que necesitaban reactivar sus negocios.

El canciller, el ministro de Minería y el fiscal nacional económico, designados por Piñera, estuvieron ligados a esas grandes empresas.

Rafael Cumsille, presidente de la Confederación de la Pequeña Empresa, se quejó que " el gobierno refuerza la concentración económica".

Ante las múltiples quejas, Piñera respondió en una entrevista con el diario argentino Clarín que " en la vida uno siempre enfrenta conflictos de intereses, solamente los muertos y los santos se salvan de esta situación. Lo importante es saber resolverlos bien".

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