Tribunal decidirá en octubre sobre pedido de Keiko en proceso por lavado

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú anunció hoy que el próximo 11 de octubre se pronunciará sobre las casaciones presentadas por la líder opositora Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito, así como por el partido Fuerza Popular, vinculadas a una investigación por lavado de activos.

El tribunal, que preside la magistrada Elvia Barrios, analizó en una audiencia pública, en la que intervinieron la Fiscalía y los abogados de los investigados, los detalles de los pedidos de nulidad de la decisión de que el caso se siga en el marco de la Ley contra el crimen organizado.

La investigación está a cargo del fiscal de Lavado de Activos José Domingo Pérez, quien en septiembre de 2017 dispuso aplicar la Ley contra el crimen organizado en las investigaciones contra Keiko y Vito por los aportes recibidos en la campaña de 2016 en unos cócteles con partidarios, y por supuestas donaciones recibidas desde el extranjero.

La fiscalía tomó esta decisión después de que se revelara la existencia de una anotación del empresario brasileño Marcelo Odebrecht en la que indica un aumento en la presunta financiación de la campaña de Keiko, quien ha negado haber recibido algún aporte de la constructora brasileña.

Durante las investigaciones del caso en Perú, Odebrecht ha afirmado que su empresa dio aportes económicos a las campañas de casi todos los candidatos importantes a las elecciones peruanas.

Los investigados solicitan que se deje sin efecto esta medida, que permite una investigación de hasta 36 meses, con lo que el proceso sería archivado al haber excedido el plazo que ordena la ley para presentar una acusación.

La audiencia para revisar las casaciones se retraso después de que en julio el juez supremo César Hinostroza, que presidía la sala que iba a ver el caso, fuera suspendido de su cargo en medio de un escándalo de corrupción en la Judicatura.

Al pasar a la Sala Penal Permanente, el juez supremo César San Martín decidió apartarse de ver la causa luego de que Keiko presentara un pedido de inhibición por considerar que no garantizaba imparcialidad, porque presidió el tribunal que en 2009 condenó a 25 años de cárcel a su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Al término de la audiencia de hoy, la abogada de líder opositora, Giuliana Loza, aseguró que la Fiscalía no ha podido argumentar por qué investiga a su patrocinada en el marco de La ley contra el crimen organizado.

"Lo que pedimos es que se concluya el plazo de las diligencias preliminares y el fiscal será quien determine la decisión correspondiente", señaló.

El Ministerio Público aseguró, por su parte, que los investigados no presentaron un control de plazos cuando correspondía y que, por ese motivo, la decisión de ampliar la investigación a 36 meses "es razonable y proporcional" a la complejidad de la investigación.

El fiscal Pérez advirtió al diario La República que si las casaciones son aceptadas, se puede obligar a que "se retrotraiga todo lo actuado hasta que se hubiera concluido el plazo de un proceso ordinario.

"Sería tirar por la borda meses de trabajo", enfatizó. 

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