Tribunal peruano evalúa si revoca la detención de Keiko Fujimori

Un tribunal peruano evalúa este miércoles si mantiene o revoca la prisión preliminar de la líder opositora Keiko Fujimori, detenida desde hace una semana tras ser acusada por la fiscalía de recibir dinero de la compañía brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011.

El caso es evaluado en una audiencia en presencia de Keiko, hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), junto a otros tres detenidos investigados por el delito de lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2011.

"Es una detención injusta y arbitraria, es absurdo detenerla por 10 días, no hay riesgo de fuga", dijo la abogada de Keiko, Giuliana Loza, ante los tres magistrados de la corte durante la audiencia.

La Segunda Sala de Apelaciones podría resolver el pedido de los abogados de la líder opositora durante esta jornada, aunque dispone de 48 horas de plazo para pronunciarse, señalaron fuentes judiciales.

La abogada Loza afirmó que su clienta debe ser liberada ante "la inconsistencia del peligro de fuga" de Keiko, quien lucía un chaleco negro de la policía con la palabra "detenido".

También estaban en la audiencia los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados de la investigación de los supuestos lazos ilícitos entre políticos peruanos y la empresa Odebrecht.

Keiko está detenida desde el 10 de octubre en el cuartel central de la policía de Lima, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre mientras cumplía una condena de prisión de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

El exmandatario, de 80 años, permanece internado en una clínica en calidad de detenido desde hace dos semanas.

Aunque debe volver a prisión una vez que sea dado de alta, el exgobernante podría evitar la cárcel por un proyecto de ley hecho a su medida, aprobado la semana pasada por el Congreso peruano, dominado por el partido Fuerza Popular (derecha populista), que lidera su hija.

Keiko, de 43 años, alega inocencia y ser víctima de una "persecución política".

"Hoy me han detenido sin fundamentos jurídicos en el momento en que voluntariamente me presentaba ante la fiscalía", tuiteó Keiko hace una semana poco después ser arrestada.

"La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país", agregó entonces tras recordar que la justicia la investiga desde hace 18 años, cuando su padre dejó la presidencia.

Keiko es acusada de haber recibido de Odebrecht 1,2 millones de dólares para financiar su campaña presidencial en 2011, que ganó su rival Ollanta Humala, también investigado por haber recibido aportes de la empresa brasileña.

Su detención fue ordenada "por fundados elementos de convicción que relaciona a los antes citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular el 2011", explicó el Poder Judicial.

Un total de 24 personas, entre ellas Keiko, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya - ambos muy cercanos a los Fujimori - están investigados por supuestamente recibir los fondos de Odebrecht para la campaña de Keiko de 2011.

El fiscal Pérez responsabiliza a Keiko de liderar una "organización criminal" al interior de su partido, por recibir aportes ilícitos.

Según el exjefe de Odebrecht en Lima, el brasileño Jorge Barata, los dirigentes fujimoristas Yoshiyama y Bedoya fueron los intermediarios en la entrega del dinero.

Barata confesó a fiscales peruanos en Sao Paulo que Odebrecht había hecho aportes no sólo a Keiko, sino también a las campañas de 2006 y 2011 de los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Tanto los exmandatarios como Keiko negaron haber recibido dinero de Odebrecht, cuyos ejecutivos confesaron además haber corrompido a políticos y funcionarios en varios países de América Latina a cambio de megacontratos de obras públicas.

Barata aseguró que además del millón de dólares entregado a Yoshiyama y Bedoya, aportó otros 200.000 dólares para Keiko a través de la organización cupular de los empresarios peruanos, la Confiep. Esta entidad lo niega.

La fiscalía inició la investigaación cuando en las cuentas del partido de Keiko se detectaron "aportes fantasmas" para la campaña de 2011. Según el partido, provenían de simpatizantes, pero los presuntos aportantes negaron esos desembolsos. Keiko ha negado las imputaciones.

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