Unasur recomienda a Morales desarmar a grupos irregulares

LA PAZ(AP). Una comisión de la Unasur que investigó una matanza de campesinos en Bolivia recomendó al presidente Evo Morales desarticular y desarmar los grupos irregulares en el país y reformar a fondo el sistema judicial y la policía.

"El estado dentro del respeto a la legalidad democrática debe proceder a desarticular cualquier organización privada o pública, cualquier cadena de mando y cualquier utilización de funcionarios y bienes públicos que tengan por objetivo la realización de hechos criminales que violen los derechos humanos", dice el informe de la comisión que coordinó el jurista argentino Rodolfo Mattarollo.

El jurista entregó sus conclusiones a Morales el miércoles y la semana pasado lo hizo a la presidenta de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la mandataria de Chile Michelle Bachallet.

La comisión concluyó que al menos 20 personas murieron en lo que calificó como una "masacre", la mayoría campesinos leales a Morales y dos seguidores del prefecto (gobernador) Leopoldo Fernández, actualmente detenido por esos hechos junto a otras 15 personas.

La matanza ocurrió el 11 de septiembre en el departamento de Pando fronterizo con Brasil en medio de una ola de protestas de cuatro regiones autonomistas contra Morales, quien calificó esas manifestaciones como "un golpe civil" para derrocarlo.

Se trata de un "crimen de lesa humanidad", dijo Mattarollo y recomendó el procesamiento penal de los responsables y no por la vía de un juicio extraordinario como alega la defensa de Fernández a quien el gobierno acusa de promover los ataques.

Sin embargo, el informe no señala a los supuestos autores de las muertes de dos seguidores de Fernández. "No se pudo establecer", dijo Mattarollo y más adelante señaló que por los testimonios recogidos los campesinos no estaban armados.

La oposición política reparó en esos elementos para calificar de parcializado el informe. Mattarollo dijo que las conclusiones deben derivar en una investigación judicial.

El prefecto (gobernador) de Santa Cruz Rubén Costas anunció el mismo miércoles una demanda judicial en contra del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por haber promovido la protesta campesina en Pando y por "obstaculizar la justicia".

La comisión concluyó también que hubo ejecuciones sumarias, entre ellas de niños, cuyas investigaciones quedaron pendientes, y recomendó profundizarlas.

Una disputa por tierras fue el detonante. Los campesinos que iban a una asamblea fueron interceptados y repelidos a tiros por funcionarios del prefecto Fernández y seguidores de éste en las cercanías de Cobija, la capital de Pando.

Fernández dijo que se trató de un choque entre bandos rivales.

"De esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos, el número comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados, dicha masacre reviste por sus características los rasgos de violación extremadamente grave y flagrante del derecho a la vida", dice el informe.

"Los agresores de los campesinos lo hicieron de forma organizada y respondían a una cadena de mando y contaron con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de una empresa criminal" agrega. También señala a la policía por incumplir su deber de preservar la vida y la integridad física.

Morales anticipó que pedirá a los mandatarios de Unasur que la comisión continúe su trabajo y aseguró que la violencia ya no se ejerce desde el gobierno como ocurrió antes sino desde algunas regiones lideradas por opositores que tienen a su mando grupos violentos.

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