Unicef advierte a Uruguay sobre baja de edad de imputabilidad

MONTEVIDEO ( AP). El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió el miércoles que cualquier cambio en la legislación para permitir el juzgamiento de menores es una violación a los compromisos firmados por Uruguay.

"Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos, se constituirá en una violación a los compromisos surgidos por el estado uruguayo ante la comunidad internacional", dijo Unicef en un comunicado al que tuvo acceso AP.

Agregó que " el 28 de setiembre de 1990, Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto, el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las normas fijadas por la Convención se apliquen en el país".

La advertencia del organismo internacional llega en un momento de encendidas discusiones políticas y la recolección de firmas para un plebiscito sobre la rebaja a 16 años de la edad de imputabilidad. Para realizar el plebiscito en 2014 junto con las elecciones presidenciales, el partido Colorado --que propuso la consulta popular-- necesita reunir 250.000 firmas.

Sectores del partido Nacional, principal de la oposición, se oponen a la propuesta que la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, ha considerado un " oportunismo político".

Unicef recordó que en materia de responsabilidad penal de adolescentes la Convención establece que ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto y que debe implementarse un sistema de responsabilidad penal específico para los menores de edad que garantice la presunción de inocencia y el debido proceso legal y que establezca penas diferenciadas. La privación de libertad, agregó, es una medida de último recurso.

Según la legislación uruguaya, la justicia tiene 60 días de plazo para dictar sentencia en casos de delitos graves como asesinatos, asaltos con violencia y violaciones. Cumplido el plazo debe liberarse al infractor. Generalmente los juzgados, desbordados de causas, no pueden cumplir ese plazo y se ven obligados a dejar ir al delincuente.

En la actualidad, un menor que comete un asesinato no puede ser condenado a más de cinco años de detención y por regla general sale antes en libertad.

En el Congreso uruguayo también se discute la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolecente, que no tendría relación con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), centro de polémicas por su deficiencia en la custodia de menores infractores, que protagonizan constantes fugas.

Unicef reconoció, sin embargo, que hay consenso " entre múltiples actores sobre las inaceptables condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad. Esta situación, sumada al significativo número de fugas, alimenta la percepción de impunidad en parte de la opinión pública".

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