Usan en Chile leyes antiterrorismo contra indios mapuche

SANTIAGO DE CHILE (AP). Carlos Huenuman construye en la actualidad viviendas para víctimas del terremoto en Chile, tratando de compensar los 23 meses que estuvo en la cárcel acusado erróneamente de terrorismo.

Las autoridades habían acusado a Huenuman, líder de una comunidad indígena mapuche, de violar la ley antiterrorista creada durante la dictadura del general Augusto Pinochet, años antes de que los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos inspiraran la creación de legislaciones similares en otras partes del mundo. Casi todas las 108 personas acusadas bajo ese cargo desde ese año han sido indígenas, según documentos divulgados a The Associated Press bajo la ley de transparencia de Chile. De ellas, sólo 10 han sido condenadas.

El Ministerio del Interior de Chile asegura que "no maneja información" sobre cuánta gente ha sido investigada sin ser llevada a juicio, que según abogados defensores es mucho mayor a la oficial. La ley antiterrorista permite a las autoridades detener a sospechosos hasta por dos años mientras investigan cuentas bancarias, llamadas telefónicas y mensajes electrónicos, y reclutan a testigos confidenciales.

La ley también fue aplicada este año a 14 chilenos que estaban siendo procesados por la colocación de bombas a bancos, y contra un paquistaní que había sido acusado _y luego fue exonerado_ de entrar a la embajada estadounidense con explosivos.

Sin embargo, los mapuches han sido los principales blancos de la ley, que incluye la destrucción de propiedad privada como un acto terrorista.

Como otros en su pequeña aldea a la orilla del lago Lleo Lleo, Huenuman ha reclamado la devolución de tierras ancestrales, y dice que hay documentos que demuestran que son suyas las tierras forestales cercanas, que el régimen de Pinochet vendió a corporaciones privadas.

Las disputas por tierras indígenas han derivado en violencia en ocasiones. Grupos armados han talado árboles ilegalmente, han quemado vehículos y han amenazado a obreros forestales. La policía chilena es una presencia constante en las aldeas mapuches, donde los pobladores se quejan del gas lacrimógeno, los perdigones y los allanamientos.

En el caso de Huenuman, las compañías forestales y las autoridades acusan a los mapuches de inventarse la causa de las tierras ancestrales como excusa para robarse árboles.

El conflicto se agravó en octubre del 2008, cuando un grupo de indígenas disparó contra la propiedad de un colaborador policial y amenazó con quemarla si él no salía de allí.

Los policías respondieron enviando una caravana de vehículos encabezados por un tanque a la aldea cercana de Venancio Ñegüey de Choque.

Allí fueron emboscados.

En la oscuridad de la madrugada, alguien tumbó unos pinos para impedirles la huida. Se denunció que cuatro mapuches abrieron fuego con escopetas. Cinco oficiales y el fiscal fueron heridos por perdigones antes de que el tanque lograra derribar los árboles y ellos pudieron escapar.

Huenuman sostuvo que se enteró de ese incidente al escuchar las noticias al día siguiente, pues esa noche estaba haciendo campaña a favor de un candidato municipal en otro poblado, donde los dirigentes comunitarios aseguran haber estado con Huenuman.

Pero en base a testimonios, provenientes de testigos confidenciales y que los jueces luego calificarían de declaraciones vagas, se dijo que Huenuman había sido vigía para los acusados, y fue encarcelado junto con otros 16, entre ellos su hermano, sus primos y sus tíos, todos miembros de una minoría radical mapuche que insiste en apoderarse de las tierras ancestrales en lugar de solicitar al gobierno y quedar a la espera de recibir pequeñas parcelas.

Los fiscales los tildaron de "organización terrorista" y les acusaron de conspiración, intento de asesinato del fiscal, intento de asesinato de policías, asociación terrorista ilícita y robo de árboles. Huenuman podría haber sido condenado a 39 años de cárcel si hubiera sido hallado culpable.

Más adelante los acusados se declararon en huelga de hambre. Ante la posibilidad de que mueran personas a las que Amnistía Internacional considera presos políticos, en momentos en que Chile era elogiado en el mundo entero por el dramático rescate de 33 mineros que habían quedado atrapados bajo tierra, el gobierno del presidente Sebastián Piñera accedió a derogar las acusaciones de terrorismo.

Los prisioneros, ahora acusados de delitos comunes, volvieron a ingerir alimentos, pero el caso seguía dependiendo de declaraciones de testigos confidenciales que no podían ser interrogados por la defensa.

Huenuman perdió 17 kilos (37 libras) durante la huelga de hambre, que duró 64 días, y también le costó su apéndice. Dice que no podía dormir antes de escuchar el veredicto en marzo.

Finalmente Huenuman y todos los demás, menos cuatro, fueron declarados inocentes por un tribunal de tres jueces, quienes amonestaron al gobierno por usar la ley antiterrorista en un caso de "delitos comunes".

"Allí la mayoría lloramos afuera (abiertamente), la familia, todos," dijo Huenuman. Pensando en su liberacion pero al mismo tiempo a lo que esperaba a los cuatro condenados, "lloramos de alegría y de tristeza porque ellos quedarían igual".

El director de la unidad especializada en crimen organizado del Ministerio Publico de Chile, Mauricio Fernández Montalbán, dijo que la ley antiterrorista no es perfecta, pero existe y por lo tanto cada fiscal tiene que evaluar si debe usarla.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos accedió en agosto a considerar denuncias de que Chile está discriminando contra el movimiento indígena, y sobre si el país, como miembro de un tratado, debe reformar la ley o compensar a los mapuches.

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Vergara reportó desde Santiago de Chile y Warren desde Buenos Aires. Pueden seguirlos en http://www.twitter.com/@mwarrenap y http://www.twitter.com/@evergaraap.

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