La caída en desgracia del juez Garzón

MADRID ( AP). De joven, Baltasar Garzón trabajó en una gasolinera para pagar sus estudios de derecho. Décadas después, siendo juez, la emprendió contra personajes como Augusto Pinochet y Osama bin Laden.

Ahora, el ascenso meteórico de Garzón está siendo eclipsado por una caída en desgracia igualmente espectacular.

Es un cambio de fortuna que podría hacer a un lado a uno de los principales impulsores de la noción de una jurisdicción universal, el concepto de que algunos delitos son tan graves que pueden ser juzgados en cualquier país.

Garzón espera un juicio que podría poner fin a su carrera, acusado de rebasar a sabiendas su autoridad al investigar atrocidades de la Guerra Civil Española abarcadas en una amnistía.

También tiene otros casos pendientes, incluido uno en el que declaró el lunes, sobre su autorización de grabaciones de conversaciones en la cárcel, relacionadas con un caso de corrupción.

Muchos creen que, al margen de si cometió errores o no, hay quienes no le perdonan a Garzón su condición de celebridad, de juez adicto al trabajo y a los viajes, a quien le encanta acaparar titulares.

Sus detractores sostienen que los resultados de sus investigaciones son mixtos, que toma atajos en cuestiones de procedimiento y que le interesa más promover la figura de Baltasar Garzón que la justicia.

Muchos colegas están hasta aquí de Garzón, según las malas lenguas.

" No sorprende que sus colegas, conservadores y socialistas, quieran darle una patada en el trasero", afirmó Florentino Portero, profesor de historia de la Universidad Nacional de Educación Abierta. " A los jueces no le gusta el estrellato" de sus pares.

Luego de perseguir villanos fuera del país por años, incluido Pinochet, Garzón fue encausado el mes pasado en relación con el caso pendiente más grande que hay en España: la ejecución o desaparición de más de 100,000 civiles a manos de partidarios de Francisco Franco.

De ser hallado culpable, Garzón no correría peligro de ir a la cárcel, pero sería inhabilitado como juez por hasta 20 años.

Hasta que intervino Garzón, nunca hubo una investigación oficial de este capítulo amargo de la historia española.

Garzón está siendo investigado en relación con otros dos casos: uno por ordenar la intercepción de conversaciones en una prisión en un episodio de corrupción, cuando ese recurso era empleado únicamente en casos de terrorismo, y otro en torno a su relación con el Banco Santander, que auspició unos seminarios sobre derechos humanos que dictó durante un período sabático que se tomó en Nueva York entre el 2005 y el 2006. Al regresar a España, desestimó una demanda por fraude impositivo contra altos ejecutivos del banco.

José María Mena, ex procurador de la región catalana, dijo que las denuncias contra los jueces son algo común, pero que haya tres contra un mismo magistrado es inusual. " Es una coincidencia que genera suspicacias", expresó Mena.

Agregó que " entre los jueces hay celos, diferencias y competencia".

Garzón se hizo famoso cuando pidió el arresto de Pinochet durante una visita del ex dictador chileno a Londres en 1998 y trató en vano de conseguir que lo extraditasen a España pare enjuiciarlo por torturas y otros abusos cometidos durante su gobierno.

A partir de éste y otros casos --encausó a bin Laden en el 2003 y también intervino en abusos cometidos en sitios lejanos como Ruanda y el Tibet--, el nombre de Garzón se hizo sinónimo del concepto de jurisdicción universal.

Sin embargo, varios países que fueron blanco de sus investigaciones, incluido Israel, se quejaron y el año pasado España modificó sus leyes y dispuso que los jueces españoles pueden intervenir sólo si el delito afecta directamente a España o hay víctimas españolas.

Si Garzón es hallado culpable en relación con el caso de la Guerra Civil, ello pondría fin a su carrera como juez y se daría otro fuerte golpe a la causa de la jurisdicción universal.

" Gracias a Garzón, España pasó a ser un símbolo de justicia para las víctimas de atrocidades de todo el mundo. Ahora la justicia misma puede ser una víctima en España", expresó un portavoz de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch el mes pasado.

Garzón quiso aglutinar a mediados del 2008 todas las excavaciones que se realizan en España en busca de fosas comunes con víctimas del franquismo y solicitó a la administración pública que investigase sus archivos para buscar información sobre personas desaparecidas.

Meses después se hizo a un lado por una disputa sobre jurisdicciones, pero lo hizo a regañadientes y no sin antes declarar que el gobierno de Franco debía ser acusado de crímenes contra la humanidad por su campaña sistemática destinada a eliminar a los opositores del bando perdedor republicano. Además, dejó el proceso de las fosas en manos de tribunales provinciales.

Los fiscales, que habían cuestionado la jurisdicción de Garzón, no planteraron queja alguna en su contra.

Pero una pequeña agrupación ultra conservadora, Manos Limpias, que funciona como un sindicato de funcionarios, acusó a Garzón de haber iniciado la investigación a sabiendas de que las atrocidades de la guerra civil estaban cubiertas por una amnistía aprobada por el Parlamento español en 1977, dos años después de la muerte de Franco.

La Corte Suprema aceptó analizar la demanda, a pesar de que los fiscales dijeron que no veían evidencia de que Garzón hubiese cometido delito alguno. Y uno de los jueces investigadores, Luciano Varela, encausó al mes pasado a Garzón. El siguiente paso, que podría producirse en las próximas semanas, sería la apertura de juicio, que supondría la suspensión cautelar e inmediata de Garzón.

Esto envalentonó a los detractores de Garzón de ambos bandos del espectro político. Después de todo, Varela no es un admirador de Franco, sino un izquierdista que ayudó a fundar una asociación de jueces progresistas.

Garzón niega haber cometido irregularidad alguna.

Si bien la impresión generalizada es que se está castigando a Garzón por ser una celebridad, hay quienes perciben un claro componente político en todo esto: dicen que los conservadores de la Corta Suprema y de distintos sectores del aparato judicial y de la sociedad no quieren que se vuelva a hablar de la guerra civil.

José Antonio Martín Pallín, juez emérito de la Corte Suprema, afirma que se puede debatir si Garzón actuó bien al iniciar la investigación, pero que bajo ningún concepto se lo puede acusar de haber cometido un delito.

El ex fiscal Mena lo explica así: "( Garzón) Tocó un cable eléctrico que nunca había sido desconectado, 70 años después, y recibió una gran descarga".

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